El Fiscal General de la Nación (E), el Procurador General y el Contralor General de la República, coinciden en señalar que en los últimos años ha crecido considerablemente el fenómeno de la corrupción y que cada vez en mayor medida los recursos del Estado van a parar a los bolsillos de algunos contratistas o se destinan al pago de dádivas, y que incluso han servido para financiar campañas electorales y para consolidar grupos ilegales como el paramilitarismo.
El gobierno de la llamada seguridad democrática no solo ha sido incapaz de detener esta acción delictiva, sino que con muchas de sus políticas la fomenta y respalda. Es el caso de contrataciones estatales celebradas con reconocidos acompañantes de la campaña presidencial del presidente Uribe, sin que medien muchos de los requisitos de ley. También, el caso de grandes obras de infraestructura que resultan elevando sus costos de buenas a primeras, o el pago de favores y hasta la forma en que se otorgan los subsidios estatales.
Lo cierto es que la defensa de la reelección y de sus amigos ha salido cara para el fisco nacional y por ende para los colombianos. Sus impulsores ya vienen siendo comprometidos por la forma, entre otras cosas, como recaudaron los dineros para la financiación del referendo y además por las obligaciones adquiridas con quienes los patrocinaron. Se respira corrupción hasta en los delitos de lesa humanidad, como en el caso de los falsos positivos, pues se pagó por dar de baja a campesinos presentados como supuestos guerrilleros.
Las chuzadas del DAS son otra forma de corrupción: preocupa que, luego que el Gobierno Nacional reconoció el problema, ha salido en defensa de los autores bajo el supuesto de que todo es un montaje de la oposición dizque para menguar la capacidad moral y de combate de la fuerza pública. Llega tan lejos la desfachatez gubernamental que se ha dado la orden de que con recursos del Estado se paguen abogados para la defensa de los involucrados.
Pero el pico de la corrupción se ha dado en el país con la entrada en vigencia de la Ley de Garantías; tal vez los casos más aberrantes se han registrado en Antioquia, departamento con tradicional vocación de transparencia en la gestión pública.
El señor gobernador Luis Alfredo Ramos tendrá que aclararle a la opinión pública la bochornosa secuencia de presiones que indebidamente se ejercieron sobre unos 40 alcaldes del departamento, antes del 14 de noviembre, fecha en la cual empezaba a regir la norma. El chantaje consistió en que para poder firmar muchos convenios los mandatarios municipales se tenían que comprometer a introducir ajustes en sus equipos de inmediatos colaboradores. De esta manera quedaba montado el andamiaje político, con fichas electorales clave para que el Gobernador pueda apoyar a los candidatos de su gusto.
Estas presiones se cumplen, entre muchas otras opciones, por medio de dos corporaciones convertidas en auténticas “pirámides”: Fomento Urbano S.A. y Desarrollo Territorial S.A. La primera define de qué manera apoyarán y ejecutarán los proyectos: seleccionan los municipios y comprometen a los funcionarios o las cuentas de las organizaciones populares de vivienda para que aporten el 10% del valor de cada unidad habitacional como cuota inicial. Además, les aseguran que tienen en sus manos los créditos de vivienda por 7 millones y listos los subsidios de la Empresa de Vivienda de Antioquia –VIVA- por cinco millones de pesos. El municipio queda obligado con el valor restante, representado en terrenos, obras de urbanismo y aporte de subsidios en recursos para los beneficiarios. El proceder de estas dos entidades, sumado a la condición de que cada alcalde produzca los cambios en su gabinete, perfila una acción delictiva, típico proceder de un “cartel”, esta vez de la vivienda. Pero lo más grave de todo es que la aprobación final de cada proyecto queda en manos de un funcionario, que dice obrar a nombre del Gobernador, del cual nos abstenemos por ahora de dar el nombre, y quien hace enlace con el candidato al congreso definido por la administración departamental, el cual se pavonea por todas las oficinas de VIVA.
Este es sólo uno de los desaguisados que se produjeron antes de la vigencia de la Ley de Garantías. Alertamos a los organismos de control: en nuestro poder está la documentación que deja en evidencia el accionar de esta maquinaria de corrupción que impera desde la Gobernación de Antioquia. En próximos comentarios señalaremos otras irregularidades que vienen cometiéndose en la Gobernación, no sabemos si a espaldas ö no del Gobernador.
Señor Gobernador: ¡usted tiene la palabra!, ó va a dejar que impere la famosa frase: ¡Lo que nada nos cuesta, volvámoslo fiesta¡
