El senador conservador, Nicolás Echeverry Alvarán, rechazó el anuncio del presidente Gustavo Petro de gravar con un nuevo impuesto a las iglesias colombianas, en el marco del Estado de Conmoción Interior declarado para enfrentar la crisis en el Catatumbo.
“Esta medida no sólo es injustificada, sino que atenta contra instituciones fundamentales para la construcción social del País y representa un uso indebido de la Conmoción Interior para imponer una carga tributaria que fue rechazada previamente por el Congreso”, manifestó Echeverry Alvarán.
Se trata, según explica el Senador antioqueño, de un gravamen del 20% sobre la renta de actividades comerciales desarrolladas por las iglesias, como librerías, cafeterías, hoteles y medios de comunicación.
“Esta propuesta ya había sido incluida en la reforma tributaria del 2022, pero fue rechazada por el Congreso. Ahora, en un acto antidemocrático, el Ejecutivo intenta imponerlo sin debate legislativo, aprovechando la declaratoria de Conmoción Interior”, insiste el Senador y Colíder del movimiento “Conservadores de Vida”.
Nicolás Albeiro Echeverry le recuerda al País que las iglesias han desempeñado un papel crucial en la educación, la salud y el apoyo a las comunidades más vulnerables. Agrega que las instituciones lideradas por la Iglesia con esta misión han invertido miles de millones de pesos en proyectos de desarrollo social, beneficiando a millones de colombianos.
“Gravar a estas organizaciones con un 20% de impuestos reducirá su capacidad de servicio y dejará a miles de personas sin asistencia en alimentación, educación y vivienda”, dice.
Echeverry Alvarán afirma que el Gobierno insiste en una nueva fuente de recaudo mientras mantiene sin ejecutar 97 billones de pesos del presupuesto nacional. Por eso le indica que antes de buscar más recursos a costa de la fe y la labor social, el Ejecutivo debe rendir cuentas sobre estos dineros y explicar porqué no han sido utilizados en beneficio de la población.
El cobro de impuestos a las iglesias representa una injerencia estatal en la autonomía de las confesiones religiosas y pone en riesgo la libertad religiosa, un derecho consagrado en nuestra Constitución.
