Por: Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán

La reforma urgente al Código Penal para evitar la impunidad debido a la laxitud de algunos de sus artículos que tipifican el delito en Colombia, es una importante decisión adoptada en el Consejo de Seguridad que presidió el Primer Mandatario de los colombianos en Rionegro, Antioquia, este Martes, 31 de Agosto, con el objetivo de enfrentar con mayor eficiencia y efectividad la inseguridad que está afectando a Medellín y su área metropolitana. De igual importancia califico la propuesta de transformar el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, para hacerlo más drástico a la hora de evitar que muchos de sus reclusos sigan delinquiendo desde las cárceles.

 

Indudablemente podrán ser positivas, como todo el paquete de medidas adoptado para impedir la burla permanente de que viene siendo objeto la justicia por parte de la criminalidad, pero demandarán algún tiempo para su materialización y consecución del objetivo de alcanzar la seguridad y la tranquilidad en la ciudad.

Mientras tanto, es necesario que la Administración de Medellín adelante otras estrategias que garanticen el respeto, de inmediato, especialmente en los sectores de la salud y de la educación, los cuales han sido atacados por actores de la delincuencia, violando mínimas normas del Derecho Internacional Humanitario.

Atentados a la Misión Médica

No es gratuito que cerca de dos mil empleados y funcionarios de Metrosalud -entre médicos, odontólogos, enfermeras, camilleros, farmaceutas, conductores, trabajadores de oficios varios, celadores y personal administrativo- hayan tomado la decisión este lunes, 30 de Agosto, de formar una cadena humana para demandar de los violentos el reconocimiento y el respeto de su ejercicio profesional, que está encaminado única y exclusivamente a brindar salud, bienestar y vida entre las comunidades más necesitadas de la ciudad metropolitana.

Los actos violentos se han materializado con disparos hacia la infraestructura física de algunas de las sedes asistenciales de Metrosalud; hombres armados han irrumpido en ellas intimidando a médicos y enfermeras; los funcionarios que prestan servicios extramurales han sido presionados bajo amenaza a abandonar las diferentes zonas donde prestan asistencia en salud. Estas acciones han obligado a la entidad a restringir algunos servicios vitales para la comunidad como vacunación, control prenatal y programa de hipertensión, entre otros.

A esa cadena de solidaridad y reflexión debemos unirnos todos, porque son 50 unidades hospitalarias y centros de salud los que hacen parte de la Misión Médica, la cual debe ser entendida como un pacto de la humanidad en función del Derecho Internacional Humanitario. En consecuencia, tiene que ser respetada por cualquiera de los actores en conflicto, sin que importe su objetivo ideológico, político, económico, social o criminal.

Irrespeto a los “Territorios de Paz”

Igual exigencia debe hacerse alrededor de las instituciones educativas de Medellín, muchas de las cuales se han convertido en campos de batalla.

Los actores violentos no han entendido, tampoco, que las escuelas y colegios deben ser respetados como “territorio de paz”, puesto que en ellos la única controversia debe ser intelectual. No obstante, debemos lamentar que de los cerca de 1.300 homicidios perpetrados en Medellín por grupos enfrentados por las rentas delictivas, aproximadamente un 10 %  ha cobrado la vida de menores de edad, muchos de ellos estudiantes.

Las amenazas a profesores y directivas, son una constante, como lo es la anormalidad académica en muchas instituciones educativas de la ciudad. Un ejemplo es el de la I.E. República del Uruguay del barrio Alfonso López de la Zona Noroccidental de Medellín.

Es una comunidad educativa conformada por 2.097 estudiantes, 54 docentes y tres directivos, en la que hoy imperan la zozobra y el caos, generadores de un inevitable sentimiento de miedo e impotencia. Las amenazas a docentes y a estudiantes por parte de delincuentes de la zona impiden el normal desarrollo de las actividades académicas.

Como Coordinador que soy de la Comisión Accidental que estudia la situación de la I.E. República del Uruguay, solicité a las secretarías de Gobierno y de Educación del Municipio de Medellín y a la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá, la realización de una investigación que permita aclarar el origen de las amenazas. Lo cierto es que el caos externo que produce la acción de la delincuencia común y organizada que está derramando sangre en las calles de la Comuna 6, se ha convertido en cortina de humo para los propios conflictos internos entre profesores y alumnos, según lo evidencian algunas denuncias hechas ante el temor que el derramamiento de sangre se produzca en las aulas de esta comunidad educativa del barrio Alfonso López.

Comisionados o Asesores de Paz

Seguramente muchos de los actores armados que hoy integran las bandas y combos delincuenciales de Medellín y del Valle de Aburrá, no saben que deben respetar las normas mínimas del protocolo inherente al Derecho Internacional Humanitario. Por esta razón, la Alcaldía de Medellín debe emprender con celeridad una campaña de información, orientación y sensibilización sobre la obligación de respetar la Misión Médica y la neutralidad de las instituciones educativas de la ciudad.

Pero de manera perentoria, la Administración debe pensar en nombrar un Comisionado o Asesor de Paz y Convivencia, tan neutral y respetable, que sea capaz de dialogar con los actores armados que conforman las diferentes bandas, combos y grupos de delincuencia del área metropolitana, en nombre de la educación, la salud y la comunidad más vulnerable.