Por: Luis Gonzalo Martínez Vanegas 

El hacinamiento cada día crece más en las 174 cárceles de Colombia, donde se encuentran recluidos unos 75 mil internos, aunque la capacidad de atención digna es sólo para 50 mil personas, lo que se traduce en un hacinamiento del 200% en las cárceles de todo el país. Ante este adverso panorama, sugiero que los internos de buena conducta se conviertan en guardabosques.

Colombia es uno de los países más ricos en diversidad biológica y cultural en el mundo. Esa diversidad está representada en 49 áreas naturales pertenecientes al Sistema de Parques Nacionales Naturales. Sin embargo, el fenómeno de la deforestación está acabando con la riqueza de Colombia, donde se destruyen entre 1.5 y 2.2 millones de acres al año. La deforestación en áreas es comparable con acabar con 4 millones de canchas de fútbol al año, ó 456 canchas en una hora ó 7.6 canchas por minuto. Lo que quiere decir que si esta situación continua, Colombia no tendrá bosques en 40 años.

Por eso mi propuesta de capacitar a reclusos con funciones de guardabosques, va en el sentido de proteger los bosques, con el valor agregado de descongestionar las cárceles. Para ello me baso en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004, artículo 472), que expresa  que “la reducción de las penas por trabajo y estudio, al igual que cualquier otra rebaja de pena que establezca la Ley, se tendrá en cuenta como parte cumplida de la pena impuesta o que pudiere imponerse”. 

Los beneficios para redención de pena son una política netamente administrativa y es potestad del presidente de la República reglamentar estos beneficios mediante decreto para que sea  el Consejo Directivo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, mediante resolución, el que aplique en determinada fase del tratamiento penitenciario, y según la gravedad del delito, beneficios al condenado para la rebaja de pena, como el trabajo ecológico en determinadas zonas adyacentes al lugar de prisión.   

Los internos de buena conducta que se conviertan en guardabosques, estarán en la obligación de controlar, velar, preservar y proteger los bosques, reservas, parques y demás espacios verdes y áreas protegidas. 

Inclusive a los procesados se les podrá dar una remuneración de 700 mil pesos, que es la cantidad de dinero que a un Municipio le corresponde pagar a otro para el sostenimiento de cada preso, cuando en aquél no existe cárcel. Ejemplos de estos convenios son el Municipio de Venecia que paga al de Fredonia, en el suroeste antioqueño, y el de Girardota que paga al de Barbosa, en el Valle de Aburrá. 

No debe ser suficiente utilizar la fuerza de trabajo de los internos en la preparación de comidas en el bongo, la panadería, la carpintería, la talabartería y la metalmecánica. Deben darse otras opciones. Por eso invito a los directores de las  prisiones de carácter nacional, departamental y municipal, para que en acuerdo con los jefes administrativos de los entes territoriales analicen la iniciativa. 

Esta propuesta es un complemento del Programa Familias Guardabosques del Gobierno Nacional, que involucra comunidades campesinas, indígenas y afro – colombianas localizadas en ecosistemas ambientalmente estratégicos, incluyendo zonas amortiguadoras, que estén afectadas o en riesgo por los cultivos ilícitos. 

Este proyecto beneficiaría al condenado, al medio ambiente y al Estado. Al interno,  porque el hacinamiento en el que vive lo pone en riesgo de enfermedades respiratorias, infectocontagiosas y de la piel, entre otras, además que se le garantizará una verdadera rehabilitación física,  mental y social. Al Estado porque se descongestionan las cárceles del país, y a la Naturaleza porque se aumentan los defensores del medio ambiente.