Edwin Franco

Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría

Es fácil entender que de todas las políticas que debe atender al mismo tiempo un Estado se cometan errores o que no se alcancen a desarrollar todas satisfactoriamente, o también puede suceder que se dediquen muchos esfuerzos en sacar adelante alguna en especial.   De esto último cabe destacar la que creo, al igual que para muchos colombianos, fue una decisión acertada de este gobierno en colocar sus esfuerzos en lograr que se suprimiera para todos los compatriotas la exigencia de la visa Schengen, la cual se requería hasta hace unos pocos meses para ingresar a la mayoría de los países que conforman la Unión Europea.  Muy bien para Colombia lograr la supresión de este requisito que terminaba siendo una discriminación inexplicable que hacía que fuéramos ciudadanos y turistas de segunda, y además incomprensible ahora que todos hacemos parte de la “Aldea global”, y además muy curioso que tuviéramos que pedir permiso para ingresar al país que consideramos nuestra “Madre Patria”.  Pero este lastre que tenía encima hace muchos años España se morigeró con la decisión del presidente Mariano Rajoy de liderar ante la Unión Europea la eliminación del incómodo requisito, con el resultado conocido, del que también se benefició Perú.

Pero con relación a los desaciertos de la política exterior colombiana, que no se entienden, vale la pena resaltar dos.  Haciéndole creer al país y a la comunidad internacional un cuento que ni él mismo se cree, el gobierno decidió no tomar partido por la situación que desde hace varios años viene ocurriendo en Venezuela y que día a día se empeora, dizque por no intervenir en los asuntos internos de otro país, como si la violación permanente y sistemática de los derechos humanos y la alteración del orden constitucional no fueran asunto que incumba a los países, especialmente vecinos, a lo que habría que agregar que se trata también de una nación hermana.  Pero el argumento que sí resulta irrebatible en orden a considerar que Colombia, sin entrometerse en los asuntos internos de Venezuela (argumento con el que este país desprecia hasta los más nobles intentos de ayuda de otros países, pero que no ha respetado un ápice, porque cuando ha podido se ha metido de lleno en otros países y hasta ha financiado candidatos), es que muchas de las víctimas de los atropellos del gobierno venezolano han sido colombianos, no es sino recordar los miles de connacionales que expulsó Maduro el año pasado de Venezuela.  Tan alineado está, en política exterior, el gobierno colombiano con el país vecino, que postuló al inolvidable Ernesto Samper, como presidente de Unasur, apéndice del gobierno bolivariano.

Otro desacierto monumental ha sido el manejo que se le ha dado a las demandas que ha instaurado Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ), una de las cuales fue fallada a favor de la contraparte con la correlativa y descomunal derrota por la cantidad de territorio que se perdió. Y en camino van una o dos más.   Erradas por completo todas las decisiones tomadas al respecto, desde la designación de los agentes ante la Corte de la Haya, entiéndase los abogados que consiguió Santos para defender y representar a Colombia, como las estrategias que estos han dado y que se han acogido.  Los abogados designados por Santos para tan delicada tarea son Carlos Gustavo Arrieta y Manuel José Cepeda Espinosa, un político el primero, extraordinario jurista el segundo, pero resulta que ninguno de los dos es experto en derecho internacional y en derecho del mar.  Arrieta, por su clara condición de político disfrazado de jurista, y Cepeda Espinosa, porque su especialidad es el derecho constitucional, no en vano fue un destacado magistrado de la Corte Constitucional.

En cuanto a las estrategias jurídicas se sugirió tardíamente la denuncia del Pacto de Bogotá, que es el que le da fundamento a Nicaragua a sus pretensiones, cuando sabían de antemano que ello no cobraría vigencia sino un año después de la denuncia, lo cual obviamente los nicaguenses sabían igual que aquí.  Adicionalmente a esta equivocada decisión, hacen salir al Presidente de la República a decir que Colombia en lo sucesivo no se presentaría a la Corte a seguir atendiendo el proceso, cuando ésta, frente a las excepciones que propuso la defensa de Colombia para que se declara incompetente para conocer del litigio, no accedió, y por el contrario se declaró competente para conocer del mismo.   Los abogados sabemos las consecuencias de la contumacia en un proceso, cualquiera que sea.

A todo esto hay que sumarle que mientras el gobierno de Colombia, decidió por sugerencia de sus abogados, no reconocer autoridad de la Corte Internacional de Justicia, que como se sabe es el principal órgano judicial de las Naciones Unidas, va en su búsqueda a solicitarle apoyo para el proceso de paz.

Vaya uno a saber para dónde va nuestro país con el manejo de su política exterior.