Una Política pública para controlar el consumo de alcohol y de drogas en la Universidad de Antioquia, al igual que las redes de distribución que se han convertido en el origen de la inseguridad, el conflicto económico y la amenaza a los derechos humanos, es una de las conclusiones de la sesión plenaria del Concejo de Medellín convocada por las bancadas conservadora, liberal y de la Alianza Social Indígena, para analizar la situación de la Universidad de Antioquia.

Según Nicolás Albeiro Echeverri Alvarán, coordinador de la Bancada Conservadora, esta coyuntura de tres semanas de cierre del Alma Mater como consecuencia de disturbios generados por la implementación de la Tarjeta de identificación Personal –TIP-, debe llevar a la reflexión de toda la comunidad universitaria. “De hecho hay consenso alrededor del deseo de una Universidad libre de violencia, de amenazas e intimidación; libre del expendio, tráfico y consumo de estupefacientes; con respeto por los principios de libertad de expresión, de cátedra, de enseñanza y de aprendizaje. Esto fue lo que mostraron los resultados de la consulta virtual que respondieron 34.164 personas”, precisa.

 

El concejal Echeverri Alvarán pide, no obstante, el compromiso real de los diferentes sectores tanto internos como de la sociedad, para consolidar los propósitos de mantener abierta la Universidad, segura y en paz. Convoca primero a las autoridades civiles y de policía para que sean más diligentes, pues considera insólito que el rector Alberto Uribe Correa haya hecho 72 denuncias de microtráfico de alucinógenos e inseguridad, sin recibir respuesta alguna de las autoridades.

“Es necesario que se combatan oportuna y eficazmente los fenómenos delincuenciales al interior del campus, en el marco del respeto a la autonomía universitaria y a los derechos humanos, y que los problemas académicos y administrativos se resuelvan por la vía del diálogo, la concertación y la convivencia pacífica, para que el funcionamiento de la Universidad de Antioquia sea normal”, plantea el Corporado conservador.

También solicita que los programas sociales que adelanta el Municipio de Medellín, se desarrollen al interior del Alma Máter, teniendo en cuenta que la Universidad es el reflejo de los problemas y las necesidades de la ciudad. Además, propone que se analice el Plan de Ordenamiento Territorial –POT-, porque piensa que no es conveniente la ubicación de cantinas y bares en el perímetro de la institución educativa.

Echeverri Alvarán invita a recurrir a los espacios democráticos que ofrecen el Concejo de Medellín y la Asamblea de Antioquia, para que la comunidad educativa cuente con su mediación en sus procesos de concertación, sin olvidar que, pese a la autonomía universitaria, no se puede soslayar la soberanía del Estado.

Otras conclusiones recogidas de la intervención de los representantes de las diferentes bancadas, tienen que ver con instalar sin más demoras una mesa de alto nivel, que empiece a analizar cada una de las situaciones perturbadoras para alcanzar la libre autonomía de la Universidad; evitar el cierre de la Universidad como camino a la solución de sus problemas; desestigmatizar a los estudiantes y profesores, ya que el 99 por ciento es gente buena; rodear y acompañar a las autoridades legítimas; invitar a las directivas a que siempre estén dispuestas al diálogo con la comunidad universitaria; lograr que impere el triunfo de las ideas sobre la fuerza de unos pocos; utilizar el campus exclusivamente para actividades académicas, culturales, investigativas y de extensión; garantizar la democratización permanente y la erradicación de prácticas corruptas; implementar políticas de defensa de los defensores de derechos humanos, tanto por parte de actores violentos como de la misma fuerza pública; evitar al máximo la provocación por parte de la policía; y asignar tiempos, tareas e informes para el Concejo, en relación con el seguimiento a las conclusiones de la plenaria…