El déficit fiscal de la Nación aumenta todos los días. Sin embargo es mitigado con el superávit de las entidades territoriales. Esa es la preocupación del presidente de la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes, Óscar de Jesús Marín, la cual surge a partir de los negativos balances suministrados por la Contraloría General de la República.

 

El Representante antioqueño informó que la contralora Sandra Morelli Rico reportó que el resultado fiscal del Sector Público No Financiero (SPNF) para 2009, fue deficitario, pues pasó de 12,2 billones en 2008 a 20,7 billones en 2009. De acuerdo con el presupuesto del año anterior, el Gobierno esperaba recaudar 75 billones de pesos, pero sólo alcanzó 65 billones, mientras que los gastos obligados pasaron de 86 a 98 billones de pesos.

El sector que destacó un comportamiento con superávit, fue el de la seguridad social, con 5.6 billones de pesos en 2009, frente a 7,2 billones de pesos de 2008. Por esta razón, tanto el director de Asuntos Macroeconómicos, Jorge Espitia, como el representante, Óscar de Jesús Marín, se mostraron inquietos al recordar la exposición de motivos del anterior Gobierno, para declarar la Emergencia Económica que a la postre fue declarada inconstitucional.

DETERIORO AMBIENTAL CONTINÚA

La Contralora General de la República le informó a la Comisión Legal de Cuentas de la Cámara de Representantes que pese a los esfuerzos del Ministerio de Ambiente y de las corporaciones autónomas regionales, la gestión ambiental no mejora, aumentando el deterioro de los ecosistemas, con las consabidas consecuencias en los indicadores de desarrollo sostenible en el país.

Óscar Marín señaló que en el informe de la Contraloría se evidenció que el esfuerzo fiscal en materia ambiental, es notablemente bajo, debido a que entre los años 2002 y 2008 sólo se destinó el 0,28 del Producto Interno Bruto al tema ambiental. Lo más grave -afirma el Representante antioqueño- es que de ese pequeño porcentaje destinado del Presupuesto Nacional para los recursos naturales y el medio ambiente, solo se invierte el 10%.

“El resto –sostuvo el Congresista antioqueño- se logra con los esfuerzos de los territorios”. Tal como lo ha sostenido siempre el representante antioqueño, son los municipios quienes hacen el sacrificio y es el gobierno central el que incumple los principios de racionalidad en el gasto público. Razón por la cual, el Presidente de la Comisión Legal de Cuentas, pidió a los organismos de control fiscal un informe sobre lo efectos reales de la Ley 617 de 2000, “porque está visto que los entes territoriales son los que han hecho mayores esfuerzos”, resaltó.