En declaraciones recientes, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, expresó su inconformidad con el costo que representa para la Ciudad la atención a las personas “habitantes de calle”, afirmando que más de la mitad son de otras ciudades y que cada “habitante de calle” le “cuesta mensualmente a la Ciudad y a la gente $ 2.700.000 pesos, mientras que un niño en los jardines de Buen Comienzo no supera los 870 mil o el millón de pesos”. Al respecto, concluyó que hay que definir cuáles son las prioridades de atención entre unos y otros ciudadanos en situación de vulnerabilidad…
“Ya no más, eso no puede seguir así”, sentenció.
Las afirmaciones de Federico Gutiérrez han generado preocupación e indignación en sectores sociales, organizaciones defensoras de derechos humanos y ciudadanía, en general, quienes consideran que la declaración del Alcalde reduce a cifras la vida de una población históricamente vulnerada. Desconoce el contexto político que encarna el Estado Social y Democrático de Derecho colombiano, cuya Constitución se fundamenta en principios y derechos que son inalienables a absolutamente todos los nacionales y extranjeros que habitan el territorio.
Luis Bernardo Vélez -exconcejal de Medellín, exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos humanos de Medellín y director de Pálpito Social- manifiesta que no es justo comparar ni poner a competir la dignidad de un adulto y un niño, pues un habitante de calle no puede ser considerado una carga sino una persona que necesita una oportunidad, atención integral y una política pública seria que, al parecer, ha venido desapareciendo en la actual Alcaldía de Medellín. Asegura que las personas en situación de vulnerabilidad no pueden diferenciarse por costos.
Los habitantes en situación de calle enfrentan condiciones extremas de vulnerabilidad debido al consumo problemático de sustancias psicoactivas, enfermedades mentales, falta de redes familiares y exclusión del sistema de salud y de protección social. Por tanto, Luis Bernardo Vélez afirma que el enfoque no puede ser asistencialista y contable, como lo sugiere Gutiérrez, sino que debe ser una atención con visión humanitaria y estructural, con oferta cada vez más fortalecida y no reducida, como está pasando en el Distrito.
El director de Pálpito Social precisa que entre los cerca de ocho mil habitantes en situación de calle que tiene Medellín, hay hombres y mujeres, personas adultas ya adultas mayores, jóvenes y adolescentes y, también, niños y niñas, lo cual envía el mensaje de que no puede haber discriminación entre niños de la calle y niños de Buen Comienzo.
Además -aclara Luis Bernardo Vélez- no puede ser cierto que cada uno de los cerca de ocho mil habitantes en situación de calle les cuesten a “la Ciudad y a la gente” 2.700.000 pesos mensuales, porque muchos viven y duermen en cualquier parte sin atención estatal.
El Exconcejal y Exsecretario de Inclusión Social, Familia y Derechos Humanos plantea que, en todo caso, no puede el Alcalde de Medellín confundir la necesidad de seguridad y ornato de la Ciudad con la atención social que requieren los habitantes en situación de calle.
La polémica ha reabierto el debate sobre el modelo de atención a esta población en Medellín y la necesidad de políticas públicas basadas en derechos, no en costos. Con el agravante que la comparación entre poblaciones igualmente vulnerables, puede profundizar estigmas y enviar un mensaje de exclusión y violencia.
