Agencia Virtual de Prensa –AVP-. El magistrado Ricardo De La Pava Marulanda, presidente de la Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, cree que hablar de “política criminal” en Colombia es una entelequia, porque una verdadera política criminal debe ser científica y la propuesta en la Ley 1709 de 2014, mediante la cual se reformó el Código Penitenciario y Carcelario, no lo es.

El magistrado De La Pava Marulanda cree -como lo ha venido aseverando la exdirectora del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario –INPEC-, Regional Antioquia y Chocó, Orfa Nelly Henao Giraldo- que la solución de la crisis carcelaria del País sí está en las manos NO represivas del Estado colombiano. La hoy diputada de Antioquia, Henao Giraldo, ha planteado en repetidas ocasiones que lo más fácil y cómodo para el Estado es enviar gente a prisión, cuando lo que se debe hacer es un gran esfuerzo para crear menos leyes punitivas y más normas encaminadas a la realización de la justicia.

La Diputada conservadora ha insistido en la idea de una Colombia que replantee la modalidad de la pena de prisión, por alternativas que realmente rehabiliten a la persona, con mecanismos de vigilancia y control extramurales. De nuevo invita a los jueces a no temerle a evitar dictar medidas de aseguramiento y decretar libertades, si están ajustadas a la Constitución y las leyes.

“No deben temerle a investigaciones disciplinarias si actúan en derecho, con sabiduría y sentido humanitario y deben perderle el ´miedo´ a la ´justicia mediática´ tan de moda en Colombia, y a la opinión desfavorable generada entre la comunidad como reacción a una orden de libertad o a una medida de aseguramiento por fuera de los centros penitenciarios, en consideración a la mínima gravedad y peligrosidad”, sentencia la Corporada.

En ese mismo sentido es que el magistrado Ricardo De La Pava recomienda una Política Criminal que no se fundamente en la represión. Dice que además de las medidas penales deben existir reglas económicas, sociales y educativas que a los condenados les garanticen una verdadera rehabilitación y no la profesionalización del delito. Simultáneamente, como lo ha venido demandando el País, se reduciría la violación sistemática de los derechos fundamentales y humanos de los internos.

Pero antes de llegar al extremo de las medidas punitivas, aunque estén acompañadas de respeto a la dignidad humana de los presos, lo ideal de una “política criminal” es su basamento en las oportunidades para la gente, en la redistribución del ingreso, en la educación y en todas las acciones administrativas necesarias pensadas en hacer realidad la justicia social. Ésta es la mejor manera de persuadir a las personas a ingresar al mundo del delito.

El Magistrado del Tribunal Superior de Medellín y la Diputada de Antioquia se encuentran en la tesis que la verdadera persuasión no es la amenaza penal ni el incremento de las penas. Está demostrado que la prevención del crimen radica en una sociedad más justa con verdaderas oportunidades para todos.