Por: Róger Vélez Castaño“Necesitamos una gran movilización de la sociedad. Esta ciudad no se la podemos dejar a los violentos. Necesitamos convocar a las fuerzas vivas, y construir entre todos un gran voluntariado en defensa de la ciudad”, fueron las palabras del alcalde de Medellín, Alonso Salazar, a propósito de la creación del Consejo Ciudadano de Convivencia y Seguridad. Su objetivo es el establecimiento de una política integral de seguridad con un gran componente operativo y social, en el que no pueden faltar las oportunidades para todos.
Pero para convocar a la ciudadanía a la movilización general, ésta debe estar convencida de la razón y la necesidad de la misma. Pero si las autoridades niegan la existencia del problema, no encontrará la solidaridad de la comunidad.
La decisión del alcalde de convocar a la ciudadanía para recuperar la seguridad y la convivencia en la ciudad, golpeada por los homicidios, el hurto, los expendios de vicio, la intimidación y la guerra entre combos y bandas, es una decisión lógica, aunque hacerlo implique reconocer que el problema se le ha estado saliendo de las manos, y ello impacte negativamente su imagen y sus réditos políticos.
Se ha perdido un año de acciones como las que entraña la movilización a que ahora convoca el alcalde y el toque de queda de Castilla y Doce de Octubre. Infortunadamente ese año se fue con más de 1.200 vidas, precisamente porque el miedo al impacto político negativo llevó a la Administración a negar reiteradamente la existencia del problema, y a justificar la actitud aparentemente desidiosa, con una supuesta “politización” del problema de la seguridad, por parte de quienes se atrevieron a pronunciarse.
Hace un año el senador Jorge Enrique Vélez García, Vocero de Cambio Radical, y Augusto Posada Sánchez, miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores, Defensa y Seguridad Nacional por el Partido de la U, convocaron al alcalde de Medellín al Congreso de la República para destapar nacionalmente el problema y buscarle soluciones entre todos, compartiendo experiencias, alertando a otras ciudades y, especialmente, poniendo el problema ante los ojos del Gobierno Nacional, al que le ha faltado compromiso efectivo frente a la Seguridad Ciudadana o Urbana.
Desde entonces sólo ha habido dimes y diretes en un extremo y otro del que se ha convertido en un ring político, con la intervención del propio Presidente de la República que vino a Antioquia a ratificar el sentimiento y los temores de la ciudadanía, y las críticas y sugerencias del extremo opuesto a la Administración.
“Es que se está politizando el problema”, dijo el secretario de Gobierno de Medellín, Jesús María Ramírez, y los periodistas le hicimos eco a la respuesta, como la gran verdad que retumbó tanto, que no dejó oír el clamor de los habitantes de Medellín que seguían pidiendo seguridad para sus barrios.
Y es cierto que la inseguridad ciudadana no es un juego político, si se trata de que los partidos políticos utilicen el problema como arma contra el contrario, para culparlo y salir airoso ante la opinión pública a costa de enterrar al adversario. Y es cierto que muchos aprovechan este tipo de coyuntura de manera oportunista y, especialmente, egoísta. Pero debemos suponer que el interés del político, el de ambos extremos, es el bienestar colectivo, y que su posición de crítica, no es de oposición, sino de construcción asertiva de la sociedad que todos queremos.
Entonces me toca volver donde nosotros, los periodistas. Lamentablemente no tenemos la suficiente formación política y administrativa para valorar en su real dimensión, la posición, la oposición, la afirmación, la respuesta y las intensiones de quienes participan de la opinión. Sobre el tema de la seguridad, la formación y la experiencia de muchos de nuestros reporteros los limitan a transcribir cifras de muertos, de incautaciones, de decomisos y de expresiones castrenses que lo vuelven experto en contar lo que las autoridades civiles, militares y de policía quieren contar.
Por eso, ante la expresión “es que se está politizando el problema”, el periodista no tiene más remedio que repetirla, ahí sí convirtiendo en un juego de pelota político lo que dice el uno y lo que responde el otro. Con el agravante que el usuario de la información, aporreado por la violencia real que no ven los medios porque la oficialidad no la muestra –y ellos tampoco la buscan-, termina por perder la credibilidad en sus administradores, en los medios y en la política, que demuestra no servirle para solucionar problemas reales.
Por eso yo pienso que sí hay que politizar la seguridad, en el sentido serio y responsable de la expresión. Al fin y al cabo es compromiso de todos los poderes públicos participar en la solución de los problemas de los colombianos.
El problema de la inseguridad no es sólo del alcalde. De hecho harta ayuda le han pedido a la Justicia para que actúe, coherente con la eficacia con que la fuerza pública viene actuando.
Las iniciativas del Congreso tienen que abrir el camino legal que pueda ser transitado por las autoridades civiles, militares y de policía.
Los partidos políticos, como grupos de presión constitucionales, igual deben participar con ideas, con propuestas y con críticas que construyan. Los partidos políticos -más los de oposición que los de coalición- deben actuar soplando el humo del incienso que no deja ver al gobernante soberbio, enceguecido con el poder o mal acompañado.
Y los medios de comunicación, que tenemos palco aparte en el teatro del poder público en Colombia, debemos merecernos ese privilegio. Debemos tener mayor formación académica y profesional para poder entender, y ayudar a entender. Nuestra posición es en el palco, y no entre el escenario, movidos por los hilos invisibles que crean nuestras fuentes con nuestra propia ignorancia.
Mientras las partes alegan “politización de la inseguridad”, la sangre corre por las calles de nuestros barrios.
Falta mayor respeto, tolerancia y confianza entre los actores que hacen parte de nuestro sistema político. Pareciera que no supieran que el Estado lo conformamos todos, y que los vacíos de Estado con los que muchas veces justificamos la violencia y la inseguridad, no se refiere solamente a la falta de presencia de la policía en un barrio de Medellín.
Alonso Salazar ha convocado un Consejo Ciudadano de Convivencia y Seguridad, mediante el cual invita a la movilización de todos los sectores sociales, en apoyo a la labor que constitucionalmente debe ejercer bien la fuerza pública. Qué bueno que el Consejo se “politizara”. Es decir, qué efectivo sería un Consejo con la presencia de la Administración y del Concejo Municipal, con representantes de la Justicia, con legisladores, con partidos políticos de la casa y de enfrente y, por supuesto, con los medios de comunicación.
Si el interés colectivo supera el propio interés politiquero, la inseguridad podría resolverse más temprano que tarde, con una buena dosis de seria y responsable “politización”.
Toda forma política se desgasta cuando no satisface las necesidades del pueblo… y la seguridad es necesidad urgente, porque la inseguridad duele y mata.
