Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
No voy a opinar sobre la absolución del coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, porque sea de derecha o de izquierda, que es en la línea que se ubica a un opinador dependiendo de cuál sea su criterio en torno a este tema: si defiende la absolución, es de derecha; si defiende la condena, es de izquierda. Ni siquiera lo hago porque tenga determinada inclinación política, sencillamente lo hago porque en un Estado Social de Derecho, como se supone lo es el colombiano, hay libertad de expresión y deben respetarse las decisiones judiciales.
Lo primero que no debe ocurrir en un Estado Social de Derecho es que a una persona tarden treinta años para definirle su situación jurídica, independientemente del tiempo que lleve en detención preventiva, aunque claro, si se está detenido es mucho peor. Lo anterior denota un grado muy grande de atraso en un sistema judicial, es verdad que se trata de un caso muy complejo, pero todavía hoy se siguen conociendo cosas nuevas o las que conocíamos, sencillamente no eran esas, sino otras distintas. Pónganse ustedes a pensar qué se le puede pasar por la mente a una persona que siente latente, cada que llega el fiscal de turno, que se le puede iniciar una investigación, pasan los años, en este caso treinta, y hasta ahora se le resuelve su situación legal. Y eso que por ahí salieron a decir que lo iban a investigar por los excesos en la retoma del Palacio de Justicia. Como quien dice, declarado inocente, pero no del todo, porque otra investigación puede abrírsele.
Naturalmente que hay personas dichosas por la absolución del coronel, como su familia, el estamento militar, militantes de algunos partidos políticos y muchas personas del común; y hay quienes están descontentos, como los familiares de las víctimas, militantes y simpatizantes de algunos partidos políticos y también personas del común. La dicha o la desdicha de estas personas estriba según la conveniencia de cada cual, desafortunadamente.
Particularmente, no me identifico con ninguno de los dos bandos, únicamente consulto, leo y releo lo que informan los medios de comunicación y me parece bien que al coronel Plazas, al igual que si hubiera ocurrido con cualquier mortal, lo hayan absuelto de semejantes cargos y tamaña condena en la medida que no hubiera pruebas en su contra o que las existentes condujeran a la duda razonable, así hayan columnistas que tilden la absolución de agridulce dizque porque hubo tres salvamentos de voto, lo que significa que para estos tres magistrados el procesado es culpable, y que al ser absuelto por duda, ello no significa que era inocente, sino que operó en su favor el in dubio pro reo, que quiere decir que la duda no resuelta en el proceso debe resolverse a favor del encartado, principio universal que rige en todas las democracias y que significa, nada más y nada menos, que la inocencia no pudo ser desvirtuada.
Lo que sí es agridulce, mejor fuera decir agrio y que lo deja a uno perplejo, es la calidad de la prueba obrante en el proceso y que haya dado lugar en primera y segunda instancia para una sentencia condenatoria, para que luego, después de ocho años, con privación de la libertad incluída, la Sala Penal de la Corte Suprema haya revocado semejante equivocación. Voy a referirme a dos: una, las declaraciones de un testigo llamado Edgar Villamizar, que siempre fue el caballo de batalla de la fiscalía y que según el magistrado Barceló Camacho, a la sazón presidente de la Sala Penal, quien leyó el comunicado de la absolución, no se entiende, cómo, después de 20 años aparece a dar declaraciones ostensiblemente contradictorias, a las que no podía dárseles credibilidad probatoria alguna; y dos, el testimonio de un tal René Guarín, de quien se descubrió que había militado en el M-19 y quien perdió un pariente en los hechos causados por el grupo ilegal al cual perteneció, que se convirtió en un declarante de excepción y digno de toda credibilidad por parte de la fiscalía, quien fue el encargado de observar los videos que existen sobre la toma y el rescate de los rehenes y de identificarlos con nombres y apellidos. Fue así como identificó a Carlos Rodríguez Vera, un presunto desaparecido por las fuerzas armadas luego de salir con vida del Palacio, persona que en el video se ve corriendo, pero que en la investigación se demostró que esta persona que se ve en el video corriendo no podía ser él, porque dos semanas antes le habían amputado tres dedos de uno de sus pies y por ende caminaba con mucha dificultad. Muy triste que estas cosas todavía pasen en detrimento de las derechos fundamentales de quienes son investigados penalmente.
Cobra plena vigencia el adagio según el cual la justicia cojea, pero llega. Bien por la Corte. Y por el coronel Plazas, desde luego.
