Por: Jaime A. Fajardo Landaeta

Luego de las elecciones del 14 de marzo los medios de comunicación y el Gobierno centraron el debate en un episodio propio de la picaresca colombiana: ¿El Registrador Nacional del Estado Civil, Carlos Ariel Sánchez, ingirió o no ingirió licor durante esa noche? 

Mientras el escandalillo crecía como por arte de birlibirloque, en las regiones se cocinaba el más escandaloso fraude de nuestra reciente historia democrática. Luego se ha podido comprobar –palmariamente- que hubo adulteración de tarjetones, influencia desbordada de dinero del narcotráfico, corrupción propiciada con contratación estatal para favorecer a candidatos afines al Gobierno, adulteración por parte de algunos jurados para potenciar el número de votos para algunos aspirantes que ya hoy ostentan glamorosos su credencial para Senado o Cámara de Representantes. Fue una feria de trapisondas; un proceso espurio que una democracia sólida debería anular para luego sancionar a los partidos y candidatos que lo prohijaron. Pero –reiteramos- la administración central, con el presidente Uribe a la cabeza, arreció sus ataques durante más de 15 días contra el señor Registrador, al acusarlo de andar en tratativas con el dios Baco durante el conteo y transmisión de datos, mientras el país entraba en un caos de tal dimensión que los escrutinios aún no permiten definir quiénes son los reales integrantes del nuevo legislativo.

 

Claro, el objetivo buscado se logró y el acusado dedicó su precario tiempo a ofrecer explicaciones, que incluyeron la incómoda alusión a una cuenta de cobro presidencial por la actitud de Sánchez frente al bien enterrado referendo reeleccionista.

 

Solo 15 ó 20 días después pudo aclarar que los computadores al servicio del proceso fueron infectados el 14 de marzo por unos supuestos hackers, para impedir el debido control electoral. Ya para ese momento ni la opinión pública ni los medios de comunicación le prestaron atención. Lo cierto es que durante ese desbarajuste, la sede de la entidad se mantuvo asediada por congresistas electos que ponían el grito en el cielo porque mientras en algunas regiones ganaban votos en otras se evaporaban misteriosamente, en un proceso de escrutinio que parece de nunca acabar.

 

Pero las denuncias de Sánchez tenían un fondo más escabroso, que se puede resumir así: se produjo un fraude electoral que mezcló muchas modalidades, desde compra de votos hasta aparición de “falsos positivos” en la Registraduría, propiciados por una artera metida de mano a los computadores, más la descarada presencia de dineros del narcotráfico y el papel dañino de miles de jurados adiestrados para el timo.

Surge entonces una inquietud: ¿Acaso activaron una registraduría alterna para consolidar a los candidatos adeptos al Gobierno como imbatibles elegidos? ¿Se trató realmente de la intervención de unos hackers o, al igual que en los casos de las chuzadas del DAS y los falsos positivos, hubo derroche de tecnología, infraestructura y logística en dosis suficientes como para sabotear la gestión de la Registraduría oficial? ¿El escándalo en torno a los posibles whiskies, la noche de marras, pretendía distraer la atención de la opinión acerca de lo que verdaderamente le corría pierna arriba a nuestra democracia? Si así fue, ¿quién manejó el tenebroso “centro de operaciones” de esa registraduría alterna, y cuáles fueron sus reales propósitos y resultados?

 

En estas averiguaciones deberían andar los diversos órganos de control, para confirmar lo que ya es vox populi: que esta vez el fraude electoral fue de marca mayor y que muchos miembros del Congreso electo no deberían recibir la credencial hasta que su legitimidad quede nítidamente establecida. A sabiendas de que algunas son muy bien ganadas.

 

Mientras tanto, vale preguntar: ¿El montaje que estamos sospechando fue desmantelado después de logrados los objetivos, o permanece en capilla como desesperado recurso del cual echar mano este 30 de mayo?

Punto Final: estuvimos en el Bajo Cauca Antioqueño y la situación empeora cada día, más y más. Hasta cuando se mantendrá la crisis de gobernabilidad?