Carlos Alberto Ballesteros Barón
Uno de los graves problemas que hoy padece Medellín es la violencia que se ha recrudecido, lo que se evidencia con la información sobre las acciones que en este sentido se han presentado en las últimas semanas, demostrando que el programa de desmovilización adelantado por la anterior administración municipal y defendido por esta -si es que efectivamente se dio- ha sido un fracaso total.
Esto ha sido claro para el gobierno nacional pues la manifestación del presidente de la República en el Consejo Comunal de Envigado según la cual en Medellín se estaba maquillando el tema de seguridad, no fue espontánea.
Tan cierto es ello que envió la General Oscar Naranjo Director General de la policía para intentar lo que el gobierno local ha sido incapaz: controlar las organizaciones de violentos que aun subsisten o que nunca han desaparecido.
Es nuestro deseo que la intención manifestada por el gobierno nacional y su flamante director de la policía logren el propósito que han expresado y ojalá el afán de mostrar resultados no los lleven a cometer actos arbitrarios, falsos positivos u otros similares, pues en nuestro sentir los actos ilícitos solo se pueden combatir con medidas lícitas y siempre respetando el Estado Social de Derecho.
Frente a este fenómeno, nos seguimos preguntando: mientras esto ocurre ¿dónde está el alcalde?, pues de ser el verdadero jefe de la policía de la ciudad como afirma sentirse, debería estar coordinando este trabajo con el protagonismo propio del líder que una ciudad como la nuestra debería tener.
Recordamos que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 315 de la Constitución Política dentro de las funciones del alcalde se encuentra: "Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. El alcalde es la primera autoridad de policía del muncipio. La Policía Nacional cumplirá con prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el alcalde por conducto del respectivo comandante".
El mensaje que envía el Presidente de la República con las medidas tomadas da la impresión de considerar que realmente nuestro mandatario local no está ejerciendo adecuadamente esta función y por lo mismo trata de llenar este vacío.
Al parecer tantas afirmaciones, versiones, declaraciones que coinciden en señalar que la elección de Alonso Salazar fue determinada por grupos al margen de la ley, le recomiendan que mantenga el bajo perfil que hasta ahora ha mostrado y muy especialmente desde la mitad del año pasado, lo que no le hace nada bien a su imagen ni al proyecto político que representa y mucho menos a la ciudad de Medellín.
Esta situación se agrava por las recientes declaraciones de la excongresista Rocío Arias que complementa el arsenal probatorio que la fiscalía está recopilando y debe estar analizando, como lo afirmó este fin de semana el Fiscal General de la Nación. Gran beneficio le haría a la ciudad esta entidad judicial si agiliza los trámites para que rápidamente se defina la situación del alcalde, para ver si volvemos a recuperar para nuestra ciudad un burgomaestre.
