Los ministros de Justicia y del Derecho, Néstor Iván Osuna Patiño, y del Interior, Alfonso Prada Gil; la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, en compañía de los presidentes del Senado, Roy Barreras, y de la Cámara de Representantes, David Racero; el presidente de la Comisión de Paz del Senado, Iván Cepeda; y los congresistas Ariel Ávila y Alirio Uribe, radicaron este jueves, 16 de marzo de 2023, el Proyecto de Ley “Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones”.
Se consideran estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto las organizaciones criminales conformadas por un número plural de personas; que se encuentren organizadas en una estructura jerárquica y/o en red; que se dediquen a la ejecución permanente o continua de conductas punibles, entre las que podrán encontrarse las tipificadas en la Convención de Palermo; que se enmarquen en patrones criminales que incluyan el sometimiento violento de la población civil de los territorios rurales y urbanos en los que operen; y que cumplan funciones en una o más economías ilícitas.
Quedan excluidos de la aplicación de este Proyecto de Ley los grupos y organizaciones armadas rebeldes que poseen carácter político, con las cuales el Gobierno adelanta diálogos o conversaciones de paz.
El Proyecto contempla que a los jefes o cabecillas de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto se les imponga una pena de privación efectiva de la libertad en establecimiento carcelario de seis (6) a ocho (8) años, de acuerdo con el grado de responsabilidad individual, sin derecho a detención domiciliaria, libertad condicional, permiso de 72 horas, ni redención de penas por trabajo o estudio; y un periodo de cuatro (4) años de componente restaurativo con mecanismos de vigilancia y monitoreo, extramural, con participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.
También prevé que las penas impuestas con anterioridad a la sujeción a la justicia a jefes o cabecillas de las estructuras criminales de alto impacto se acumularán y serán sustituidas por la que se les imponga, de acuerdo con los planteado en la iniciativa.
“Este Proyecto de Ley contiene una oferta generosa por parte del Estado colombiano a esas estructuras criminales de alto impacto, para que si se entregan, confiesan sus delitos, entregan sus bienes, entregan la información sobre sus patrones criminales y reparan a las víctimas, el Estado les entregue un tratamiento penal más benigno que el ordinario, todo con la finalidad de que podamos vivir en una paz completa», señaló el Ministro de Justicia.
“Es un proyecto de sujeción a la justicia ordinaria, en el que tendrá enorme protagonismo el poder judicial, tanto con la Fiscalía General de la Nación como con los jueces y magistrados. Con la radicación de este Proyecto, el Gobierno le cumple a la sociedad con el propósito firme de poner todos sus esfuerzos para la construcción de una convivencia pacífica. La paz se construye con distintas estrategias y esta es una de ellas, que apunta específicamente a unos grupos criminales que han alterado la convivencia pacífica desde hace algún tiempo», precisó Osuna Patiño.
“Hay una sujeción, no una negociación de paz. Aquí estamos frente a organizaciones, estructuras del crimen que se mueven en la economía ilegal. Por eso no hay diálogo ni negociación. No hay ningún tipo de diálogo ni ningún tipo de prebenda al narcotráfico. Aquí hay simplemente una ley que presentamos a consideración del Congreso para que allí se definan las condiciones en las cuales va a operar una sujeción, con un procedimiento que tiene una primera parte de diálogo y conversación, que proviene del diseño que se hizo en la Ley 2272 y continúa la segunda fase, que está definida aquí como un procedimiento penal bajo la coordinación de la Fiscalía, el cual terminará con la decisión de los jueces penales correspondientes», manifestó el Ministro del Interior.
El Presidente del Congreso señaló que el Proyecto de Ley es un buen ejemplo de concertación y diálogo, una propuesta a los narcotraficantes para reintegrase a la sociedad y salvar sus vidas a cambio de ir a la cárcel.
“El Proyecto acaba con todo tipo de especulaciones y negociaciones clandestinas que nunca fueron autorizadas y que pretendían negociar las leyes en las calles. Las leyes se hacen en el Congreso, de cara a la ciudadanía», precisó.
“Este proyecto no reconoce estatus político en el procedimiento mismo de los mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria (…) Complementa otros procesos de diálogo, como el que avanza con el ELN”, dijo el Presidente de la Cámara de Representantes.
El presidente de la Comisión del Paz del Senado, Iván Cepeda Castro, expresó que el Proyecto de Ley “no brinda ninguna clase de impunidad, como podrán verlo a través de las penas que se ofrecen a consideración del Congreso, pero al mismo tiempo deja un margen para que estos grupos puedan someterse a la justicia. Establece claramente la diferencia entre los grupos de carácter político con los cuales se negocia, como es el caso del ELN, y las estructuras que están ligadas al narcotráfico y a la minería ilegal como única forma de actuación».
El procedimiento para que las estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto se sujeten a esta Ley tendrá tres etapas: acercamiento, conversación y términos de sujeción; procesamiento; y, cumplimiento.
De acuerdo con el proyecto, serán causales de pérdida individual del tratamiento penal y de aplicación de las penas ordinarias, consagradas en el Código Penal, las siguientes:
-Retornar a las armas;
-Ser condenado por delitos dolosos cometidos con posterioridad a la suscripción del acta individual de sujeción a la justicia y garantías de no repetición;
-Involucrarse en algún tipo de economía ilegal, en cualquiera de sus etapas de operación;
-No cumplir con las obligaciones para mantener el tratamiento penal, ni la verificación de las mismas;
-No cumplir, de manera reiterada e injustificada, con la participación en programas de justicia restaurativa y de reintegración.
El listado de la estructura armada organizada de crimen de alto impacto, incluidos quienes se encuentren privados de la libertad con razón a su pertenencia, será entregado por los representantes – voceros al Gobierno nacional, por intermedio de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, que junto con la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional (DIPOL), la Dirección de Nacional de Inteligencia (DNI) e Inteligencia Militar, constatarán y depurarán las listas y hará las exclusiones a que haya lugar.
El Proyecto contempla la creación del Comité Interinstitucional de Verificación, para que en un término de quince (15) días entregue el listado definitivo. Hacen parte del Comité un delegado de la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, quien lo presidirá; del Ministerio de Defensa Nacional, de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército Nacional, la Dirección Nacional de Inteligencia, la Registraduría Nacional del Estado Civil, la Defensoría del Pueblo, y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, quien ejercerá la secretaría técnica.
En caso de que la estructura armada organizada de crimen de alto impacto presente dentro de los listados personas que no integran la organización criminal, tanto a los voceros y representantes como quienes pretenden hacerse pasar por integrantes, no se les aplicará lo dispuesto en la presente Ley y, en consecuencia, perderán los beneficios del tratamiento penal, de haberlos obtenido. Contra ellos la Fiscalía General de la Nación iniciará investigación penal por los delitos a que haya lugar. Respecto a los voceros representantes de la estructura deberá probarse la mala fe para la pérdida de beneficios y la compulsa de copias respectivas.
