EPM presentó este martes, 12 de enero de 2021, sendas demandas por 9.9 billones de pesos -contra los consorcios diseñadores, constructores e interventores que presuntamente tuvieron responsabilidad en la contingencia de Hidroituango el 28 de abril de 2018- y por 5.5. billones de pesos -partiendo de la cláusula compromisoria establecida en el contrato de seguros-. Ambas demandas fueron presentadas “dentro de la oportunidad legal”, según comunicado de EPM. La primera, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, y la segunda, ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín.
La acción judicial procede después de que no fue posible llegar a un acuerdo en la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, buscada el 10 de agosto de 2020, con una duración de cinco meses. De acuerdo con EPM, más que por ser requisito de procedibilidad, recurrió a la figura de la conciliación “por tratarse de una institución que permite resolver de manera concertada, y no litigiosa, las diferencias suscitadas con la contingencia en mención, llamando a todas las partes involucradas en el proyecto, incluidas las compañías de seguros: Suramericana, Chubb Seguros y Mapfre”.
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EPM aclara que no fue posible obtener el resarcimiento esperado, especialmente de la compañía de seguros Mapfre, porque no se determinaron los montos indemnizables “a los ojos de las condiciones del seguro, partiendo del hecho que el presente siniestro es el más grande a nivel mundial en materia de Todo Riesgo Construcción y Montajes, y por tanto es objeto de estudio y revisión por todo el mercado asegurador”.
Según el gerente de EPM, Álvaro Guillermo Rendón, fue esta la razón y no otra, la que no permitió llegar a una cifra para dar por terminado satisfactoriamente el proceso de conciliación prejudicial.
“Es importante mencionar que dicha aseguradora ha reconocido la cobertura del evento y lo ha ratificado en el marco de las audiencias de conciliación”, manifiesta.
El Grupo EPM ratifica su compromiso de avanzar en el proceso de ajuste técnico hasta lograr la indemnización de las pérdidas en el marco del contrato de seguros suscrito con la compañía Mapfre, consecuente con que esta ratificó que es su principal interés amparar todas las pérdidas indemnizables, de acuerdo con las condiciones del seguro.
Al anunciar sendas demandas por 9.9 y 5.5 billones de pesos, el Grupo EPM insiste en recordar a la opinión que ha venido actuando en coherencia con el ordenamiento jurídico colombiano. De ahí la obligación de promover las acciones legales en comento o solicitar la conciliación prejudicial ante la Procuraduría General de la Nación, dentro de los dos años siguientes a la ocurrencia de la contingencia en el Proyecto Hidroeléctrico Ituango, plazo de caducidad que fue fijado para el 12 de agosto de 2020, extendido debido a la declaratoria de emergencia económica por cuenta del coronavirus.
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El Gerente General del Grupo EPM desmintió con la demanda de este 12 de enero que se haya perdido la oportunidad legal para las demandas por 9.9 billones de pesos, ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, y por 5.5 billones, ante el Tribunal de Arbitramento de la Cámara de Comercio de Medellín.
