Por: Margarita Restrepo
Precisamente el mismo día que la ONU reveló que en el año 2017 Colombia produjo el 70% de la cocaína que se consumió en el mundo, el gobierno de los Estados Unidos emitió el informe que confirma que el gobierno del presidente Iván Duque logró romper la terrible tendencia creciente que se observaba en los cultivos ilícitos.
El informe que emanó de la Oficina de Política para el Control de Drogas, de la Casa Blanca, sostiene que por primera vez desde el año 2012, Colombia registró un decrecimiento en los cultivos ilícitos. Si bien, el número de hectáreas cultivadas sigue siendo el más alto de la historia, la buena noticia es que pudo detenerse el acelerado ritmo de crecimiento que se estaba observando.
Según la dependencia del gobierno de los Estados Unidos, en los últimos 6 años, Colombia pasó de tener 78 mil hectáreas a 208 mil el año pasado -mil menos que en 2017-.
En repetidas oportunidades, el presidente Uribe se ha referido a la herencia que dejó Juan Manuel Santos, quien el 7 de agosto del año pasado, dejó a Colombia inundada en coca. Él, fue el responsable de que nuestro país volviera a ser el mayor cultivador de coca y productor de cocaína del planeta.
Para nadie es un secreto que el debilitamiento de la política antinarcóticos benefició a las Farc, el más grande cartel de narcotráfico que tiene nuestro país. En el informe sobre narcóticos que publicó la DEA en 2016, quedó establecido que esa narcoguerrilla, gracias a los diálogos de La Habana, se consolidó como el principal productor de cocaína de nuestro país.
En dicho documento, se lee que “desde 2014, las negociaciones de paz entre el gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) exacerbaron el problema de los cultivos ilícitos de coca en Colombia. Algunos miembros de las Farc han obligado a los cultivadores de coca a aumentar los cultivos…”.
En el mismo informe se advirtió que las Farc dejarían activas redes de narcotráfico después de la firma acuerdo con el gobierno de Santos: “Algunos segmentos de antiguos combatientes de las Farc continuarán involucrados en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas…”.
Uno de los ejes de la propuesta programática que facilitó la victoria del presidente Duque fue, concretamente, el de la lucha contra el narcotráfico. La sociedad colombiana ha tenido que pagar una muy alta cuota de dolor en la guerra contra la mafia. Nuestra democracia ha sido violentamente asediada por estructuras ilegales, que financian su accionar terrorista con dinero fruto del tráfico de estupefacientes.
Son miles los miembros de la Fuerza Pública que entregaron sus vidas enfrentando esa amenaza. Gracias a ellos, Colombia no sucumbió ante la brutal arremetida que empezó a ejecutarse en la década de los 80 del siglo pasado, primero a través de los carteles de Cali y Medellín y, luego, por las Farc, el Eln y demás estructuras armadas.
La mejor manera de rendirle homenaje a quienes generosamente ofrendaron sus vidas por defender a nuestro país en la dolorosa guerra decretada por la mafia, es la de continuar en la lucha. Tarde o temprano, la sociedad terminará imponiéndose. En el gobierno del presidente Uribe se pudo demostrar que el Estado sí tenía la capacidad de ganar la partida. Los cultivos ilícitos llegaron al punto más bajo de la historia. Así mismo, los grupos dedicados al narcotráfico fueron enfrentados, derrotados y sus cabecillas -la gran mayoría- extraditados hacia los Estados Unidos.
Por eso, resulta cuando menos indignante la cínica propuesta del desprestigiado expresidente Juan Manuel Santos quien, en momentos en que el gobierno nacional empieza a retomar la iniciativa en la lucha contra el narcotráfico, plantea la legalización de las drogas.
Santos es la personificación de los antivalores. Él, que se convirtió en el artífice de la peor operación de lavado de activos que se ha registrado en Colombia, que permitió que los peores criminales de lesa humanidad quedaran impunes, que acabó con todos los mecanismos eficaces para la lucha contra el narcotráfico, ahora quiere rematar la “faena” sirviendo como portaestandarte de la legalización de las drogas. No lo podemos permitir.