Ramón Elejalde
El Congreso de la República aprobó en el año 2000 la Ley 617 con el fin primordial de salvar financieramente las entidades territoriales. Entre los dientes que tienen la ley para garantizar su cumplimiento está la prohibición de la Nación de otorgar apoyo financiero a las entidades que la incumplan, lo que implica que no podrá cofinanciarle proyectos ni servir de avalista en créditos que requiera la entidad territorial (art. 80); las entidades financieras tampoco podrán otorgar empréstitos a las entidades territoriales que incumplan los límites de gastos previstos en la Ley citada (art. 90); además el incumplimiento de la Ley es considerado como una falta disciplinaria gravísima (art. 84).
Pues bien, en Antioquia se inventó la forma de violar la Ley 617 sin que pase nada y como Antioquia es un departamento líder, es posible que el invento, si no se patenta rápidamente, se replique en las demás entidades territoriales, como ya está sucediendo en algunos municipios antioqueños.
En efecto, se ha creado la Fundación el Buen Gobierno por parte del Politécnico Jaime Isaza Cadavid y por el Instituto para el Desarrollo de Antioquia, IDEA, con la función de ser la “celestina” de organismos oficiales en Antioquia para burlar la Ley.
En concreto, el artículo 8 de la Ley 617 del año 2000 señala perentoriamente el valor máximo de los gastos de las asambleas departamentales. Como la Asamblea de Antioquia ya ha excedido esos topes, al Gobernador de Antioquia, Luis Alfredo Ramos, se le ocurrió la brillante idea de celebrar el convenio interadministrativo número 001 de 7 de octubre del presente año, con el presidente de la Asamblea, Jorge Honorio Arroyave y el representante legal de la Fundación para el Buen Gobierno, Hugo Mario Zuluaga con el objeto de “conformar un equipo interdisciplinario que asista a la Asamblea en los estudios de los proyectos de ordenanza presentados a dicha corporación”.
De esta forma la Gobernación está asumiendo los costos de funcionamiento de la Asamblea, pero dado que no se los puede girar directamente a la Tesorería de la duma, se buscó la intermediación de la Fundación para el Buen Gobierno para que a través de ella se paguen los gastos del personal de asistencia a los diputados. En el convenio interadministrativo de marras el Departamento se compromete a entregar a la Fundación que hace de celestina para burlar la Ley de Contratación Administrativa y la Ley de Ajuste Fiscal, la suma de 270 millones de pesos. Así, las personas que hasta el mes pasado tenían contratos de prestación de servicios con la Asamblea antioqueña, hoy son trabajadores de la Fundación para el Buen Gobierno, al servicio de cada diputado.
Los firmantes del contrato interadministrativo, es decir, el gobernador de Antioquia, el presidente de la Asamblea y el representante legal de la Fundación celestina, consideran que el convenio se celebra porque el equipo interdisciplinario que requieren los diputados que era pagado por la Asamblea y “que debido a la falta de recursos suficientes para sostener el mismo durante el año, a la fecha no podrá seguir operando”, a no ser que lo asuma el Departamento. No cabe la menor duda, como lo sostuvo el diputado Rodrigo Mesa, que quienes firman el Convenio 01 de 2008 lo hicieron con toda la intención de burlar la Ley 617 de 2000. Aquí el órgano controlado, el Departamento, se ha puesto de acuerdo con el órgano que lo controla fiscalmente, la Contraloría, y con quien lo controla políticamente, la Asamblea, para violar la Ley, contratándole a cada diputado un asistente que devengará 4.600.000 mensuales, además Departamento y funcionarios involucrados, quedan expuestos a sanciones sumamente drásticas como las indicadas al inicio de este artículo.
Mucha gente me pregunta en la calle acerca de lo que hayan respondido las contralorías, las procuradurías y las fiscalías a todas mis denuncias. Respondo que nada. De ninguna parte me han llamado a ratificarme en mis denuncias y me cansé de enviar quejas para que ni siquiera las respondan. Estoy esperando que me denuncie por injuria el doctor Álvaro Vásquez, como lo anunció este jueves en un medio radial, para ver si así la fiscalía me escucha y puedo contar estas y otras cositas.
Notícula. Afirmé en mi columna de 19 de los corrientes que el IDEA había creado la Fundación para el Buen Gobierno sin la autorización de su Junta Directiva. Resulta que la autorización le fue otorgada el 12 de marzo de este año para crear “una persona jurídica con un objetivo amplio, para atender, entre otras cosas, la capacitación y asesoría a los municipios en temas relacionados con el buen gobierno y los planes de desarrollo”. Según dice el acta, la brillantísima idea fue del contralor de Antioquia, Jorge Rojas. De si están cumpliendo el objeto de la autorización me ocuparé en otra columna.
