Por: Eugenio Prieto Soto
Cada vez somos más dependientes de las comunicaciones móviles. Así quedó demostrado el pasado miércoles, cuando colapsó temporalmente el servicio de telefonía móvil de Claro-Comcel en Colombia. Nadie tiene claro lo que sucedió. Ni qué generó la falla. Ni el tiempo de duración. -Imaginémonos qué pasaría si tuviéramos una interrupción de días-. Ni mucho menos, de quién es la responsabilidad de una falla de tal magnitud en un servicio público esencial.
Hasta ahora no conocemos pronunciamiento público del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones –Mintic-, de la Superintendencia de Industria de Comercio –SIC-, o de la Comisión de Regulación de Comunicaciones –CRC-, en el que se aclare a la opinión pública las causas e implicaciones de la falla y se garantice su no repetición. ¿Sería igual el silencio o la reacción, si la falla hubiera sido en el sistema interconectado del país, un apagón por ejemplo?
Cuando en 1992, se inició el proceso de apertura, liberalización y globalización de las telecomunicaciones, se pensó que la llegada del sector privado al sector de los servicios, traería nuevos inversionistas, con amplio musculo financiero, inversiones permanentes e incorporación de nuevas tecnologías, que garantizarían continuidad en la prestación, bajas tarifas y mejor calidad.
Cuando fallan las telecomunicaciones móviles en forma general, tal como está sucediendo hoy en Colombia, aunque se quiera hacer ver como un simple problema de desarrollo del mercado, o de libertad económica, el asunto es muy diferente. Se trata de fallas en un servicio público que afecta nuestra cotidianidad, nuestra vida social y el desarrollo del país.
La crisis en la prestación del servicio de telefonía móvil en Colombia no le sirve a nadie, el Estado como responsable de su prestación eficiente, debe iniciar una profunda transformación sectorial que garantice que el servicio se preste a la totalidad de los colombianos, en condiciones de universalidad y alta calidad.
Cuando la Corte Constitucional expide sentencias con profundas implicaciones como la T-1077/12 que ordena desmontar una estación base en Fresno-Tolima y al Mintic, que regule distancia prudente entre torres de telefonía móvil, viviendas, instituciones educativas, hospitales y hogares geriátricos; la C-555/13, reconoce que las redes de telefonía celular le deben revertir al Estado; o cuando la SIC tiene que adelantar procesos sancionatorios, como los que están en trámite o han culminado; y cuando los operadores reconocen las dificultades en calidad y las fallas que se registran en la prestación del servicio; ha llegado la hora de expedir una regulación integral del servicio, realizar acuerdos de buen gobierno y pactos de transparencia entre Gobierno, operadores y usuarios.
Hemos liderado iniciativas, como la de impulsar la asignación de nuevas frecuencias para servicios cuarta generación [4G], la de establecer reglas para proveer la competencia en el sector y restringir las conductas monopolistas, eliminar las cláusulas de permanencia mínima y las ventas atadas de equipos terminarles, el acceso democrático al espectro radioeléctrico y el uso con los mayores beneficios sociales de las redes del Estado.
Ahora promovemos la construcción colectiva de una política integral en telefonía móvil que privilegie calidad, competencia y protección a los usuarios. Congreso, Gobierno, organismos de regulación, vigilancia y control, empresas prestadoras del servicio, organizaciones sociales, sindicatos de trabajadores, ligas de usuarios, comunidad académica, tienen el uso de la palabra.
Estamos de acuerdo, “Tanto mercado como sea posible, tanto Estado como sea necesario”. Con la profundización de las fallas del servicio de telefonía móvil celular y la creciente insatisfacción de los usuarios, se está cerrando el círculo que muestra que tratándose de un servicio público estratégico de uso masivo, la intervención del Estado, hoy, para corregir las imperfecciones del mercado, es más necesaria que nunca.
