La Operación zaríass, adelantada en el Guaviare contra estructuras armadas de alias “Iván Mordisco”, no sólo produjo un resultado militar que el Gobierno presenta como un golpe contra una organización armada ilegal. También abrió una discusión sobre los límites que deben observarse en la manera como el Estado presenta y comunica los resultados de sus operaciones.
El episodio que generó la controversia fue la presencia del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, caminando entre los 23 cadáveres que, envueltos en tulas blancas, fueron exhibidos después de la operación.
La defensora del Pueblo, Iris Marín, llamó a reflexionar sobre la escena y sobre el significado que puede adquirir la exhibición de los cuerpos de personas muertas en un conflicto armado.
“Nuestro país lleva décadas enfrentando diferentes ciclos de conflictos armados y criminalidad organizada”, señaló Marín, antes de advertir que no recordaba haber visto a un Presidente caminando entre los muertos y sintiéndose orgulloso de esas muertes.
La Funcionaria precisó que su cuestionamiento no desconoce el deber del Estado de enfrentar a los grupos armados ni cuestiona, por sí mismas, las operaciones legítimas de la Fuerza Pública. Su preocupación está relacionada -explicó- “con la manera como el Estado ejerce el poder y comunica sus resultados”.
El ministro del Interior, Rodrigo Lara, respondió a la reflexión de Iris Marín que la Defensoría del Pueblo es una institución que el Gobierno respeta y considera aliada en la protección de las víctimas y los derechos humanos.
Sin embargo, calificó como una “triste equivocación” la interpretación, según la cual, el Estado podría estar compitiendo en crueldad con las organizaciones armadas.
Para Lara Restrepo, esa equivalencia no corresponde porque el Estado tiene un deber constitucional de combatir a quienes ejercen violencia contra la población.
“Queremos contar con la Defensoría para combatir a quienes matan con drones, reclutan niños y ejercen terror y barbarie contra la población”, sostuvo el Ministro.
Rodrigo Lara aprovechó además para cuestionar la política de “Paz Total” del anterior Gobierno, a la que atribuyó haber dejado poblaciones enteras sometidas al poder de grupos criminales.
“El Gobierno -dijo- continuará haciendo cumplir la ley”. Y pidió a la Defensoría acompañarlo como “aliada de las víctimas” en la misión de protegerlas y liberarlas del control de los grupos armados.
