Turiferario es aquella persona que lleva el incensario en las ceremonias religiosas. Pero también se refiere a quien adula, ensalza o elogia excesivamente a alguien, especialmente a quien tiene poder.
El turiferario político no asesora, adula; no advierte, aplaude; no contradice, justifica; no ayuda a corregir un error, busca argumentos para demostrar que el error no existe.
Y cuando el jefe se acostumbra al incienso, comienza a confundir la adulación con respaldo popular, la obediencia con lealtad y la ausencia de contradictores con la razón.
Eso es muy delicado en un gobierno y pareciera que estuviera ocurriendo en el de Abelardo de la Espriella, quien apenas completa 28 días y ya ofrece suficientes episodios para preguntarse si a su alrededor hay verdaderos asesores, colaboradores y amigos capaces de decirle, a tiempo y sin miedo: “Presidente, eso no está bien”.
Porque gobernar no consiste solamente en tomar decisiones: consiste en saber cuáles decisiones no deben tomarse, cuáles deben corregirse y cuáles necesitan una segunda mirada antes de convertirse en problemas de Estado.
El primer mes del Gobierno de De la Espriella ha estado marcado por decisiones firmes, pero también por controversias que no deberían ser despachadas simplemente como ataques de la oposición o de las redes sociales, porque hasta los medios tradicionales las han inadvertido o no las han debidamente analizado.
Uno de los casos más evidentes ha sido la política de comunicación de la Casa de Nariño. En sus primeros 25 días, el Gobierno estableció una estrategia altamente centralizada, con restricciones para las declaraciones de otros funcionarios y orientaciones para privilegiar determinados medios y controlar la narrativa oficial. La preocupación no es solamente comunicativa: cuando un gobierno controla excesivamente la información que sale de sus propias instituciones, corre el riesgo de quedarse también sin información crítica que llegue hasta el Presidente. Cuando un Presidente solamente escucha a quienes hablan por él, con el riesgo de que se trate de turiferarios, termina gobernando con una versión incompleta de la realidad.
Otro episodio que debería haber generado una conversación interna más seria fue el relacionado con la posesión presidencial. Una actuación de carácter religioso durante la ceremonia terminó en una orden judicial para que el Presidente ofreciera excusas. El Gobierno impugnó la decisión y sostuvo que hubo una interpretación aislada y descontextualizada del discurso presidencial. Pero, más allá de la discusión jurídica, ¿no hubo alguien suficientemente cercano al Presidente que pudiera advertirle antes que determinadas expresiones o actuaciones podían generar un conflicto innecesario con el principio de separación entre Estado y religión y el carácter laico del Estado colombiano consagrado en la Constitución Política?
Algo similar puede preguntarse frente a algunas decisiones de política exterior adoptadas apenas comenzando el mandato, particularmente las relacionadas con Israel, país al que Colombia reconoció la soberanía sobre los Altos del Golán; con Marruecos, congelando relaciones diplomáticas con la denominada República Árabe Saharaui Democrática (RASD) y con Estados Unidos, autorizando la realización de operaciones militares conjuntas en territorio colombiano.
En política exterior, como en política interior, la convicción no puede sustituir el cálculo. Un Estado no actúa como un individuo en una discusión de redes sociales. Cada palabra presidencial puede tener consecuencias diplomáticas, comerciales o estratégicas.
Pero quizá donde más se necesita una voz crítica alrededor del poder es en la seguridad.
El Gobierno ha optado por una política mucho más ofensiva frente a los grupos armados ilegales, con bombardeos y operaciones militares que marcan una ruptura evidente con la política de negociación de la llamada Paz Total del expresidente Gustavo Petro. Esa decisión puede ser defendible políticamente porque un Estado tiene la obligación constitucional, legal y ética de enfrentar a quienes asesinan, secuestran, extorsionan o reclutan menores.
Pero, precisamente, porque la seguridad es un asunto tan serio, no puede convertirse en espectáculo.
La difusión de imágenes del Presidente recorriendo filas de bolsas con los cuerpos de presuntos integrantes de grupos armados generó fuertes cuestionamientos por la manera de presentar la muerte como mensaje político. Combatir al criminal es una obligación del Estado, pero humillar al muerto no lo es.
Y ahí también debió aparecer el asesor que dijera: “Presidente, usted puede mostrar resultados sin convertir la muerte en escenografía”.
Otro asunto que merece atención es el llamado “abelardismo”, una especie de depuración ideológica que, según distintas informaciones, ha generado tensiones con sectores políticos que acompañaron electoralmente al Presidente y con funcionarios o personas previamente consideradas para determinados cargos. Como ejemplos muy claros están el de la Dirección Nacional de Planeación -que pasó del doctor en Economía, Carlos Sepúlveda, al influenciador abelardista, Julián Buitrago- y el de la Presidencia de la Cámara Colombiana de la Construcción -en la que Carolina Soto, economista muy reconocida, fue anunciada como Presidenta por el gremio y haya reculado ante mensaje en X de la vocera del Gobierno, Carolina Gómez, desconociendo el nombramiento por no ser cercana al Gobierno-.
La paradoja es evidente: un Presidente necesita personas leales, pero la lealtad no debería medirse por la capacidad de decir siempre que sí. La verdadera lealtad consiste, precisamente, en advertir cuando el jefe está tomando un camino equivocado.
También han aparecido controversias alrededor de decisiones administrativas y de funcionarios. El caso de la directriz del ICBF sobre la manera de referirse a las niñas y el retiro de un mural realizado por ellas, por ejemplo, provocó cuestionamientos y solicitudes de explicación.
No se puede dejar por fuera el episodio del ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, el cual le sigue generando ruido al Gobierno de Abelardo de la Espriella, no sólo en redes sino en el Congreso donde se ha debatido la propuesta de moción de censura.
Los turiferarios no gravitan sólo en torno al Presidente sino a sus ministros… Y el problema no es que sean aduladores, el verdadero problema es que pueden terminar perjudicando a quien adulan.
Cuándo el incienso se riega demasiado, llena el ambiente de humo y el humo puede impedir ver.
Un Presidente rodeado de personas que solamente celebran sus decisiones termina perdiendo la posibilidad de corregir antes de que el error se convierta en crisis.
Por eso, quienes rodean a Abelardo de la Espriella deberían entender que ayudarlo no significa decirle que todo está bien. Al contrario, si realmente quieren que su Gobierno funcione, deberían decirle cuándo una decisión es equivocada, cuándo una declaración es inconveniente, cuándo una política necesita ajustes, cuándo un funcionario está fallando y cuándo el poder está comenzando a perder contacto con la realidad.
Y deberían hacerlo antes de que lo hagan los jueces, los periodistas, los ciudadanos, la oposición o las consecuencias de la propia realidad.
En vez de incienso, el Presidente necesita criterio, necesita asesores capaces de decirle “no”, necesita colaboradores que no tengan miedo de contradecirlo, necesita quien le haga caer en la cuenta de su equivocación antes de que sea demasiado tarde, necesita amigos que no confundan amistad con complacencia y necesita seguidores que entiendan que la defensa de un proyecto político no obliga a defender sus equivocaciones.
Ese es el verdadero antídoto contra el poder obnubilado por el humo.
Y quizá éste sea una de las primeras lecciones que debería aprender el Gobierno de Abelardo de la Espriella después de sus primeros 28 días: menos turiferarios y más asesores; menos incienso y más inteligencia crítica.
