Por: Ramón Elejalde Arbeláez

La campaña política se ha trasladado de la plaza pública a los tribunales. Una sórdida puja se ha desatado en Antioquia por lograr la Contraloría de Antioquia.

El ramismo inscribió a toda su plana mayor en todos los tribunales que tienen asiento en Antioquia para buscar no solo la Contraloría Departamental, sino la de Medellín. En esta última sus ímpetus se han perdido por varias razones, pero parece que lo más importante es la necesidad de que todo el esfuerzo se concentre en la primera y todos sospechamos los argumentos que tienen para dar semejante batalla.

La elección del reemplazo del nefasto Jorge Rojas Otálvaro sale de una terna que conforman candidatos de cada uno de los tres tribunales existentes en Antioquia. Ya se conoce un nombre y es una reconocida figura del ramismo, lo que indica que la estrategia trazada desde el piso 12 de la Gobernación viene dando sus frutos. Muchas han sido las visitas y las presiones sobre los juristas encargados de la postulación de los nombres que finalmente van a integrar la terna. Para ilustrar a mis lectores, en estos últimos días una ilustre candidata ha visitado religiosamente a todos los magistrados de uno de los tribunales. Ex magistrados, políticos, funcionarios, cabildean en favor de una causa común: la Contraloría de Antioquia para el ramismo.

 

Antioquia pide, reclama y exige que los candidatos a las distintas Contralorías sean personas intachables, sin militancia política; sin compromisos con un pasado, que en el Departamento es muy turbio y que iremos conociendo con el tiempo, pero que tampoco tengan compromiso con los que llegan. Estos últimos ni lo necesitan ni lo reclaman. No puede ser que quienes han engordado sus alforjas, violado la ley, quieran seguir contando con celestinas que les ayuden a tapar sus pilatunas. Queremos claridad y que conste que no estoy reclamando apasionados perseguidores de nada, ni de nadie. Simplemente reclamamos transparencia, eficiencia y verdad. ¿Será mucho pedirles a los jueces?

En Antioquia los organismos de control y la Fiscalía han sido sordos a las denuncias, tolerantes con la corrupción. Llama la atención que denuncias que he formulado por intervención en política contra el gobernador de Antioquia no merezcan siquiera que se me llame a ratificarlas en la Procuraduría, cuando hace más de un año me anunció el señor Ordoñez Maldonado, procurador nacional, que una de mis quejas estaba vigente y que próximamente me llamarían a ratificarme. Nada de eso pasó. Ingenuo yo que creí. Eso hay que contrastarlo con la parafernalia montada contra el actual alcalde de Medellín por una queja igual. ¿Hay investigados de primera y de segunda categoría? Tal parece.

Para terminar quiero explorar una tesis. Si finalmente la terna para la Contraloría de Antioquia termina siendo toda de una misma tendencia política y destinada a tapar lo que ha pasado en la Administración departamental, la Asamblea de Antioquia ha sido legitimada por la doctrina ya fijada por la Corte Suprema de Justicia con la elección de fiscal general, cuando este alto tribunal devolvió la terna por inviable. Ese camino le queda a la decencia.