El Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo -SINDHEP- rechazó las acciones del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en contra del Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, el Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE- y un conjunto de artistas del graffitti de la Ciudad. El Sindicato calificó la actitud del Alcalde de autorizar la destrucción del mural “Las cuchas tenían la razón” de mezquina, infame, negacionista y revictimizante, al desconocer el proceso de lucha por la verdad, la justicia y la reparación que las mujeres buscadoras de la Comuna 13 vienen demandando al Estado colombiano desde hace más de 20 años.
Según el Sindicato de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo, con el hallazgo de estructuras óseas en La Escombrera, realizado por la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas –UBPD- y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, “se desvirtúa la negación de algunas autoridades locales frente a las denuncias hechas por los familiares de las víctimas”.
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El Sindicato le pidió a la Procuraduría General de la Nación investigar la conducta “revictimizante y autoritaria del alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en contra del Colectivo Mujeres Caminando por la Verdad, las organizaciones de víctimas y las organizaciones artísticas”. También le solicitó a la Defensoría del Pueblo hacer un llamado enfático para que los servidores públicos respeten la dignidad humana, los derechos de las víctimas y sean agentes de construcción de paz.
El Sindicato le recordó al alcalde Federico Gutiérrez que su función como servidor público en un Estado Social y Democrático de Derecho, implica un compromiso profundo con los derechos de los ciudadanos.
“Este rol requiere no sólo conocer los eventos que han marcado la historia nacional, sino comprender e implementar todas las acciones necesarias para reparar de forma integral las afectaciones sociales, morales, individuales y colectivas que han sufrido distintas generaciones de ciudadanas y ciudadanos medellinenses como resultado de las injusticias, los crímenes de lesa humanidad y la violencia estructural, entre otros. A su vez, la dignidad de servidor público conlleva respetar la expresión y la participación de las víctimas, sus demandas de verdad y justicia, así como los procesos que a través de la reparación individual, familiar y colectiva, contribuyen a la construcción de paz”, le precisó el Sindicato SINDHEP al Alcalde de Medellín.
La JEP decretó en 2020 una Medida Cautelar para proteger los sitios conocidos como La Escombrera y La Arenera, donde podrían estar enterrados cuerpos de habitantes de la Comuna 13 y del corregimiento de San Cristóbal que están reportados como desaparecidos. La Escombrera ha sido el lugar donde, según las víctimas, se encuentra el mayor número de cuerpos de sus familiares desaparecidos entre 2002 y 2003, durante la Operación Orión.
De acuerdo con los reportes oficiales, en Medellín, el universo de personas dadas por desaparecidas es de alrededor de 5.912 en el contexto del conflicto armado, de las cuales se estima que 502 fueron desaparecidas en la Comuna 13, escenario de un conflicto entre grupos armados ilegales y la fuerza pública.