Alfredo Ramos Maya

Por: Alfredo Ramos Maya

Luego de la terrible tragedia ocurrida en el municipio de Salgar Antioquia, a causa de la avalancha que se produjo tras el desbordamiento de la quebrada la Liboriana en la madrugada de lunes 18 de mayo, Juan Manuel Santos, en uno de sus acostumbrados anuncios, hizo a los afectados varias promesas fundamentales: indemnización para las familias de los fallecidos, mercados y arrendamiento para las víctimas, atención sicosocial y nueva vivienda.

Tal fue el alcance de la celeridad gubernamental, que se logró inclusive detener la movilización natural de solidaridad del pueblo antioqueño, diciendo que “todo está controlado, no se necesitan donaciones pues el gobierno está en capacidad de atender todo lo concerniente a la emergencia”.

Cuatro meses después, es importante hacer una evaluación del estado de los anuncios santistas:

Indemnizaciones:
El monto que reconoce el FOSYGA como indemnización por muerte y gastos funerarios por víctima es de 750 salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) y que al momento de la ocurrencia del evento como lo define el artículo 19 del decreto 056 de 2015, para la vigencia fiscal de 2015 asciende a la suma de $16.108.750. De esta suma, serán descontados $2.083.000 equivalentes a los gastos exequiales, lo que dejará un saldo de tan solo $14.025.750. Es una mísera compensación, además de lo injusto en que se convierte un descuento exequial que puede generar un manto de duda sobre la transparencia del mismo. Incluso es importante cambiar la normatividad, para que no se tengan que descontar estos dineros, pues suena a estafa para las víctimas a indemnizar.

Debido al alto trámite burocrático, ningún beneficiario ha recibido hasta el momento pago alguno, y dicho trámite muy seguramente dejará a muchos sin el pago efectivo de las indemnizaciones. Y ni que decir de la reclamación para los beneficiarios de quienes están desaparecidos, y cuyos cuerpos no pudieron ser encontrados tras intensas búsqueda. Si se sigue el procedimiento legal, deberán esperar que pasen mínimo 2 años, esto es, hasta el 18 de mayo de 2017, y que se dicte sentencia donde se les declare como desaparecidos, para que los beneficiarios puedan avanzar con el proceso de reclamación.

Y si reclamar indemnización por desaparecidos tiene su larga espera, que podrá decirse de los menores de edad beneficiarios… Antes de iniciar proceso de reclamación deberán tener sentencia ejecutoriada en la que se les designe el representante legal o curador del menor.

En resumen, las indemnizaciones por víctimas fatales para los afectados por la avalancha del 18 de mayo de la quebrada la Liboriana en Salgar, se queda en simples promesas, pues tomará mucho tiempo para que puedan realizarse porque los trámites burocráticos se constituyen en una avalancha jurídica que hace lento el proceso, y al cual también se le suma la desidia del gobierno nacional para agilizar los procesos.

Entrega de mercados:
Los mercados que se entregan a los damnificados son iguales para todos, sin proporcionalidad al número de miembros de cada familia y mucho menos tiene en cuenta las necesidades particulares de cada núcleo. Da lo mismo que sean 3 personas o 6 personas, que tenga niños o adultos mayores: todos reciben la misma cantidad. El mercado que reciben no cumple, en su mayoría, con las necesidades individuales de cada hogar damnificado. Otra demostración de indiferencia de un gobierno que habla de equidad pero no la ejecuta en las situaciones más sencillas.

Atención sicosocial:
El abandono a la población por parte de los organismos estatales de atención social ha sido más que palpable, la presencia gubernamental social ha sido paupérrima. Aún persiste el miedo entre los damnificados. Y no es que sea un tema de percepción simplemente. Simplemente es hablar con la población afectada en Salgar y se evidencia que es muy pobre la atención en este tema.

Pero esto no es lo más grave. La problemática del asunto es tal, que información de la propia Alcaldía municipal ha demostrado el incremento enorme de denuncias sobre abuso de menores tras la tragedia en el municipio de Salgar, un dolor incalculable e irrecuperable que se suma al ya vivido cuatro meses atrás.

Vivienda:
Y si mercados, indemnizaciones y atención sicosocial dejan tanto que desear, la promesa de vivienda gratis a quienes la perdieron está cada vez más lejos de cumplirse. A la fecha, no han sido adquiridos los terrenos en los cuales se construirán las viviendas prometidas por Santos. Y si no existen siquiera terrenos adquiridos… ¿cómo se invertirán los recursos públicos? Peor aún, ¿cuándo tendrán vivienda propia tantos afectados? Ya todos los colombianos sabemos la pésima calidad y la lentitud del cacareado programa de “viviendas gratis” del gobierno. Salgar no quiere ese tratamiento de la peor categoría para unos habitantes pujantes pero golpeados en su interior por una tragedia natural.

La comunidad de Salgar empieza a vivir una nueva tragedia debido a la tramitología, la inoperancia y la promesería gubernamental. Esperamos ver más realidades que anuncios, pues la problemática social se sigue deteriorando, y la fecha de las soluciones se ve cada vez más lejanas. Que la tragedia salgareña no se siga ahondando por la incompetencia gubernamental.