Mediante sendas cartas enviadas al presidente Iván Duque, a la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Silvia Constaín, y al presidente de la Comisión Sexta del Senado de la República y ponente del Proyecto de Ley 152 de 2018, Antonio Zabaraín, el representante a la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverry, solicitó el archivo del Proyecto  por el cual se busca la modernización del sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -TIC-, se distribuyen competencias, se suprime la Autoridad Nacional de Televisión –ANTV- y se dictan otras disposiciones.

El Representante antioqueño hace la solicitud porque considera que el Proyecto sólo beneficiará al sector privado, en detrimento de la televisión pública. Éstas son algunas de las razones que recoge Echeverry Alvarán:

  1. El Proyecto pretende crear un regulador convergente que no aglutina a todos los actores del sector: habla de fusionar la Comisión de Regulación de Comunicaciones -CRC- con la ANTV, pero no incluye la Agencia Nacional del Espectro –ANE-, dejando por fuera un actor muy importante, que es el encargado de regular el espacio electromagnético.

De esta manera, el Ministerio está dejando en evidencia su intención de ampliar el plazo de concesión del espectro de 10 a 30 años, lo que beneficiaría a los canales privados en detrimento de la televisión pública, la cual se se financia con los recursos que aquéllos pagan por el uso del espectro.

2. No obstante ser un Proyecto de regulación convergente, no incluye las Over The Top –OTT- como Netflix, Google, Facebook o Amazon.

  1. El Proyecto de las TIC se aleja de lo recomendado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico –OCDE-, la Unesco, la Relatoría de Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Fundación para la Libertad de Prensa –FLIP-, la Fundación Karisma y Observacom, entre otros organismos, los cuales afirman que la pluralidad e independencia de la televisión pública son claves en una democracia.

La televisión pública sería controlada por el Poder Ejecutivo. Hoy, el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones -FONTIC- es manejado por la ANTV, la cual es una entidad autónoma e independiente.

“Como congresistas, debemos evitar esta concentración de poder para que no haya ninguna influencia sobre la asignación de recursos por parte del gobierno de turno. Esto permite garantizar la independencia y la libertad de expresión de los medios de comunicación. Si no lo evitamos, vamos a ser cómplices de un retraso para el País, para la libertad y para la democracia, ya que los contenidos de la televisión serán controlados por el Poder Ejecutivo”, explica el Congresista conservador.

Agrega que el Ministerio de las TIC tendrá concentrado todo el poder para asignar las licencias de radio y televisión. Y ya no serán los canales públicos los que decidan su parrilla de programación, horarios y hasta la duración de los programas, sino el Ministerio.

4. El nombramiento de los cinco comisionados que harán parte de la nueva entidad resultante de la fusión entre la CRC y la ANTV quedará en manos del Presidente de la República. Además, serán profesionales sin conocimiento en periodismo, televisión o contenidos audiovisuales, puesto que el perfil profesional señalado es en Derecho, Ingeniería y Economía.

5. En estos momentos, la televisión pública no paga por la utilización del espectro. El Proyecto impondrá el pago por concepto de concesión, uso de frecuencias y contraprestación.

  1. El Proyecto sólo considera requisitos regulatorios para las grandes compañías de telecomunicaciones, desconociendo las redes comunitarias, que son las que comunican  las poblaciones más alejadas, las mismas que no son atractivas para las grandes compañías por su difícil acceso y altos costos.

Nicolás Albeiro Echeverry agrega que no es posible desestimar la recomendación de la Unesco sobre la soberanía cultural en los contenidos de la televisión. Por eso insiste en el retiro del actual Proyecto para evitar que se pierdan la autonomía y la independencia del sector audiovisual y se permita la politización del ente regulador de la televisión.

Sin embargo, está convencido de la importancia de tener un marco regulatorio, por lo que pide que se inicie un proceso de estudio más profundo que termine con un nuevo Proyecto de Ley que proteja lo público y no evidencie las garantías sólo para lo privado.