La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia resolvió “iniciar indagación previa en contra de servidores por determinar del Concejo de Medellín”. En el Auto de la Procuraduría se sugiere que los “servidores por determinar” son los concejales Alfredo Ramos, Sebastián López, Claudia Ramírez, Leticia Orrego, Dora Saldarriaga, Simón Pérez, Daniel Duque, Luis Bernardo Vélez, Luis Carlos Hernández, Julio González y Simón Molina, pues con el ánimo de individualizar las presuntas responsabilidades disciplinarias y esclarecer los hechos, le pide al Concejo Distrital confirmar si los mencionados corporados “fungieron o fungen como Concejales del Municipio de Medellín”.
La apertura de indagación disciplinaria la hace la Procuraduría, de oficio, en desarrollo de la información aparecida en la Página Web de la Revista Semana el 12 de abril de 2023, titulada “Concejales de Medellín fueron denunciados por ser los presuntos responsables de la pérdida de más de $1 billón de EPM”.
Según la noticia, el precandidato a la Gobernación de Antioquia, Esteban Restrepo, radicó ante la Contraloría y la Procuraduría sendas denuncias contra los 11 concejales por su presunta responsabilidad en el detrimento patrimonial, al negarle la autorización a EPM de enajenar las acciones que posee en UNE.
De acuerdo con la información, los concejales negaron en cuatro oportunidades la solicitud de vender las acciones, a pesar de que la Junta Directiva de EPM autorizó en mayo de 2021 iniciar el proceso de enajenación y que los concejales presuntamente omitieron las recomendaciones de expertos como las firmas internacionales Mckinsey y Oliver Wyman, que desde el año 2017 sugirieron “salir inteligentemente” del mal negocio que había hecho EPM en 2013 al venderle a la empresa privada noruega Millicom el 50% de las acciones de UNE EPM Telecomunicaciones y haberle concedido el control de la empresa resultante Tigo UNE.
Esteban Restrepo había denunciado que los 11 concejales actuaron de manera dolosa porque durante los debates de los proyectos reconocían que era necesario vender las acciones por la mala situación financiera de UNE, pero que ellos no le iban a aprobar algo a la actual administración, poniendo en riesgo los recursos públicos de más de seis millones de antioqueños.
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“Y es que desde el 2019 las cifras de la compañía están en rojo: en ese año se reportaron pérdidas por 27 mil millones de pesos; en el 2020 la cifra aumentó a 203 mil millones; en el 2021 el incremento fue aún mayor, llegando a 572 mil millones en pérdidas; el año pasado la cifra negativa fue cercana al medio billón de pesos: cerró en 473 mil millones” explicó Restrepo en su denuncia.
Agregó que no sólo se pierde plata sino que, además, EPM tiene que sacar de su bolsillo cada año dinero para realizar inversiones en la sociedad Tigo UNE.
“Es decir, aparte de que el negocio no funciona, le tenemos que dar plata a unos privados para que sigan administrando el negocio como ellos quieren”, manifestó Esteban Restrepo en su denuncia, con el agravante que con estas pérdidas, la Ciudad de Medellín dejó de recibir en el último año más de 338 mil millones de pesos de EPM, los cuales dejaron de ser invertidos en proyectos sociales y en energías renovables.
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La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia asumió por competencia conocer las actuaciones disciplinarias de los 11 concejales de Medellín, con la posibilidad de notificarles pliego de cargos y proceder a la investigación disciplinaria o decidir el archivo, lo que ocurrirá después de allegar y analizar el acervo probatorio solicitado tanto al Concejo de Medellín como a EPM.
La Procuraduría Regional de Instrucción de Antioquia comisionó a la abogada Marjourie Franco Guzmán, para que practique las diligencias ordenadas y las demás que surjan.
