El Juzgado Veintitrés Laboral del Circuito de Medellín falló a favor del diputado de Antioquia, Jorge Correa Betancur, la acción de tutela interpuesta contra el Ministerio de Defensa Nacional, al considerar vulnerados los derechos fundamentales de petición y acceso a la información pública.
La decisión judicial ordena al Ministerio emitir, en un plazo de 48 horas, una nueva respuesta de fondo, clara, precisa y congruente, frente a la información solicitada por el Diputado, relacionada con la evolución de los grupos armados organizados en Antioquia entre los años 2022 y 2026.
La solicitud presentada por el Corporado busca conocer, de manera estadística y agregada, cómo ha variado el número de integrantes de estas estructuras criminales en el Departamento durante los últimos años, con el propósito de ejercer control político sobre la situación de seguridad y evaluar los impactos de la política de “Paz Total”, impulsada por el Gobierno nacional. Sin embargo, el Ministerio de Defensa negó la entrega de la información, argumentando reserva legal en materia de inteligencia y contrainteligencia.
Frente a la negativa, el Juez fue contundente al señalar que el Ministerio no podía limitarse a una negativa general sin analizar individualmente cada uno de los puntos solicitados ni justificar de manera concreta por qué toda la información debía permanecer reservada.
La Sentencia advierte que el Ministerio de Defensa tenía la obligación de evaluar la posibilidad de entregar la información en forma parcial, agregada o estadística, siempre que ello no comprometiera la seguridad nacional.
“Esta decisión fortalece el control político y el derecho de los ciudadanos a conocer la verdad sobre lo que está ocurriendo en materia de seguridad en Antioquia. No estamos solicitando información estratégica ni operaciones militares; estamos pidiendo información estadística que permita entender qué está pasando realmente con los grupos armados en el Departamento”, señaló el diputado Jorge Correa.
El Fallo también recalca que las entidades públicas deben garantizar respuestas de fondo y suficientemente motivadas cuando nieguen información pública, especialmente cuando ésta resulta relevante para el ejercicio democrático y el seguimiento institucional.
Para el diputado Correa, esta decisión representa un precedente importante en defensa de la transparencia y del derecho de las comunidades a acceder a información relacionada con la seguridad territorial.
“Mientras el Gobierno nacional insiste en defender la llamada ‘Paz Total’, las comunidades siguen enfrentando miedo, amenazas y presencia criminal en distintos territorios. Antioquia merece respuestas y merece conocer la verdad”, concluyó.
