Jorge Mejia Martínez
Lo del DAS es bochornoso. La lectura de Semana del fin de semana trajo a mi memoria un incidente ocurrido en 2004 que jamás dejó de atormentarme. Siendo Secretario de Gobierno de Antioquia recibí varias denuncias de reclutamiento de personas en el céntrico Parque de Bolívar de Medellín, para hacerlas pasar como miembros del bloque Héroes de Granada de las AUC, próximas a desmovilizarse. No eran todos los que estaban, ni estaban todos los que eran, como la historia reciente lo pudo comprobar. Un joven estuvo en mi oficina para testificar lo ocurrido. Recurrí al DAS para que asumiera la investigación y le entregué al muchacho. Nada trascendió, excepto que por más que indagué posteriormente por el denunciante nada pude saber. Desapareció del mapa.
Cualquier cosa puede pasar en una entidad que se acostumbró a torturar a los ciudadanos con la expedición del bendito certificado judicial. A su alrededor se montó una red de funcionarios que se enriquecen a costa de cobrar por las urgentes citas. Acceder a la atención por internet es una odisea. El cáncer de la corrupción hizo metástasis y por todos lados aparecen las lacras. Hasta el mismo gobierno nacional tuvo que reconocer que al DAS se lo tomaron las bandas organizadas, al servicio de conseguir información para el narcotráfico, el paramilitarismo y la guerrilla. Además de perseguir con saña a los miembros de la oposición, de las Cortes y de los medios de comunicación, hasta los teléfonos oficiales no se libran de ser chuzados. Grabaciones fraudulentas al servicio del mejor postor. Practica que no es de ahora. Está tan empotrada la delincuencia en el DAS que chuzar llamadas sin orden judicial se sobrepuso al descabezamiento de 12 altos oficiales de la policía en mayo de 2007. Dos años atrás su director, Jorge Noguera Cotes, había sido judicializado por vínculos con organizaciones de paramilitares a quienes supuestamente suministraba información.
Pero el DAS no es la única institución pública con presencia de la criminalidad. Según la prensa dominical de este fin de semana, el Procurador General de la Nación tuvo que llevarse para su casa los expedientes más delicados por que en su despacho corrían peligro. La alarma se encendió por la pillada infraganti de un alto funcionario en horas no usuales de trabajo dedicado a esculcar la información contenida en los computadores de la entidad. Quien sabe cuántas veces lo habrá hecho y quién sabe si sería el único husmeador. Sí es necesario conocer a quién le estaba haciendo el mandado. ¡Qué vergüenza! La reacción del Procurador, aunque lógica, no deja de recordarnos la reacción del marido traicionado que no encuentra más remedio que vender el sofá.
Lo de la Fiscalía de Medellín, Montería y otras partes, ya es pan comido por la opinión pública. Limpiar expedientes de criminales y suministrar información privilegiada a la delincuencia organizada a cambio de una paga es un mazazo a la legitimidad institucional en el país. Simultáneamente, se empiezan a conocer justificadas quejas por el comportamiento de la sala disciplinaria de la Judicatura sindicada de favorecer con sus decisiones a la clase política más rancia. La Corte Suprema la acusa de prevaricato y el Presidente de la Corte Constitucional manifiesta que es un ¨organismo terriblemente descompuesto¨.
El ciudadano común y corriente hoy no sabe en manos de quien está la prestación del servicio público de justicia. Investigadores del DAS corruptos, investigadores de la Procuraduría corruptos, investigadores de la Fiscalía corruptos. No es una conducta individual de funcionarios aislados. Son organizaciones delincuenciales empotradas. Es la mafia en acción, que para su subsistencia, requiere colocar al Estado a su servicio. La mafia sin presencia cómplice en la estructura del Estado, no puede existir. Como una rémora. "La mafia – escribe el historiador Paolo Pezzino – es una forma de criminalidad organizada que no sólo está activa en múltiples campos ilegales, sino que tiende también a ejercitar funciones de soberanía, normalmente reservadas a las instituciones estatales, sobre un determinado territorio […]. Se trata pues de una forma de criminalidad que presupone algunas condiciones: la existencia de un Estado de tipo moderno, que reivindique para sí el monopolio legítimo de la violencia, una economía libre de vínculos feudales […], la existencia de violentos con capacidad de obrar a su modo, imponiendo también a las clases dirigentes su propia mediación violenta". No hay mejor prueba de que la crisis nuestra también es institucional. Imposible negarla.
