La Superintendencia de Servicios Públicos hizo un llamado a todas las empresas de acueducto y alcantarillado del país que mantienen elevadas deudas económicas con las empresas de energía que les suministran el servicio para sus operaciones regulares y de bombeo. Estas deben cancelar estas obligaciones, y evitar poner en peligro la prestación del servicio de agua. La Procuraduría General de la Nación trabaja de manera conjunta con la Superintendencia para que los prestadores se pongan al día.
Aunque la Corte Constitucional, mediante Sentencia C-150 del 2003, estableció que no es posible la suspensión del servicio de energía cuando con ello se ponga en riesgo derechos colectivos como el de acueducto, no hay excusa para que los prestadores de acueducto eviten cumplir con sus obligaciones de pagar por el servicio de energía que utilizan.
De acuerdo con los datos suministrados por la empresa Electricaribe a 30 de junio del presente año, la deuda de los prestadores de acueducto en la Costa Atlántica ascendía a 17.000 millones de pesos. Se destacan las deudas de los municipios de Manatí (Atlántico), con 1.189 millones de pesos, Operagua en El Banco (Magdalena), con 845 millones de pesos; y Juan de Acosta (Atlántico), con 630 millones de pesos.
