Por: Rodrigo Pareja
En épocas pasadas y aún bien avanzado el siglo XX, se tenía como verdad revelada que había casas ilustres y apellidos blasonados cuyos miembros eran, por ese solo hecho, personas más importantes y “de mejor familia”, según solía decirse.
Mucho ha cambiado desde entonces y en la actualidad todos los apellidos, desde la A hasta la Z, tienen en su árbol genealógico a muchos prontuariados y atarvanes, sin que haya necesidad por ahora de mencionar algunos de los más significativos.
Sin embargo todavía algunos creen que hacer parte de eso que llaman “buenas familias” otorga licencia para transgredir las más elementales normas de comportamiento, tanto en la vida pública como en la privada, sin que se llegue a merecer el condigno castigo que de tales actuaciones se derivan.
Claro que en un país como Colombia todavía muchas instituciones actúan con esa excluyente y perversa preferencia , siendo la más notoria de ellas la justicia, cuyos magistrados, fiscales, jueces, inspectores de policía y en general todas las autoridades, aplican acomodaticiamente las normas para favorecer a algunos y tirarse del todo en los otros.
No de otra manera se explica el ofrecimiento de millonarias recompensas cuando se trata de esclarecer el secuestro u homicidio que afecte a determinado personaje, y que estas se reduzcan al mínimo cuando se trate de otras personas de condición más humilde, como si la libertad y la vida no valieran lo mismo para todos los seres.
Será que en el subconsciente quieren revivir aquella errada creencia de que hay “mejores familias” y que los integrantes de ellas valen más que otras ?
A propósito, cual es el control que las distintas entidades ejercen sobre el pago de millones y millones de pesos que circulan alegremente frente a unas cámaras de televisión bien dispuestas, dinero recibido por unas manos anónimas que nadie sabe a quien pertenecen ?.
Y ni que decir de las prerrogativas que en materia carcelaria se ofrecen a unos y otros. Delincuentes de cuello blanco, defraudadores al por mayor de las arcas oficiales y amigos de todos los poderosos, son tratados como reyes y les construyen sus domicilios a la carta dentro de las mismas cárceles, como en el caso de los Nule. Las condiciones que estos y sus abogados imponen, hacen recordar La Catedral de Pablo Escobar.
Y otras exigen y reciben casa por cárcel dizque porque son madres cabeza de familia. Habría que preguntarle al Inpec y a sus directivos si las mujeres que colman los penales colombianos son todas solteras, o si las que ostentan esa condición de madres cabeza de familia pueden pedir, con igual derecho, que les den la casa por cárcel.
Lo mismo ocurre con otros delincuentes que apelando a algo que llaman arraigo penitenciario, reclaman pagar sus condenas en establecimientos cercanos a sus lugares de origen, la cárcel de Yarumito, en Itagüí, por ejemplo, que tiene de cárcel lo que la guardería “Pepito” tiene de universidad.
Otros se quejan porque tras delinquir son enviados a penitenciarías, y alegan que esto es injusto porque ellos no son un peligro para la sociedad.
Tan peligroso para las gentes del común es el delincuente que empuña un arma blanca para atracar, como aquel que con un bolígrafo y un decreto o una resolución se apropia de miles de millones o permite que alguien lo haga por su complacencia o ignorancia, configurándose en este caso un atraco que no es individual sino colectivo.
Definitivamente nunca como ahora en Colombia, tiene plena vigencia el viejo adagio según el cual “la justicia es para los de ruana”.