Mediante Resolución 00072 de 2026, la Fiscalía resolvió la suspensión temporal de las órdenes de captura contra 23 voceros principales y auxiliares que han venido participando en la mesa de conversaciones sociojurídica de la cárcel de Itagüí, en busca de La Paz Urbana en Medellín y el Valle de Aburrá, en el marco del proceso de Paz Total
La Resolución suspende las órdenes de captura de los siguientes cabecillas:
- Albert Antonio Henao Acevedo, alias Alber
- Andrés D’maría Oliveros Correa, alias Mundo Malo
- Andrés Felipe Rodas Montoya, alias Yerbas
- Carlos Augusto Correa López, alias Mono Pepe
- Dayron Alberto Muñoz Torres, alias El Indio
- Elder Darbey Zapata Rivera, alias Grande Pa
- Fredy Alexánder Henao Arias, alias Naranjo
- Freyner Alfonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre
- Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero
- Iván Darío Suárez Muñoz, alias Iván El Barbado
- Jesús David Hernández Grisales, alias Chaparro
- Jhon Fredy Yepes Hoyos, alias Clemente
- Jorge de Jesús Vallejo Alarcón, alias Vallejo
- José Leonardo Muñoz Martínez, alias Douglas
- Juan Camilo Rendón Castro, alias Saya
- Juan Carlos Mesa Vallejo, alias Tom
- Juan Fernando Álvarez, alias Juan 23
- Mauricio de Jesús Morales Múnera, alias El Abogado
- Óscar Fernando Salazar Gutiérrez, alias El Compa
- Paulo Andrés Torres Flórez, alias Pocho
- Rodrigo Henao Acevedo, alias Perica
- Sebastián Murillo Echeverri, alias Lindolfo
- Walter Alonso Román Jiménez, alias El Tigre
Nueve de estos voceros compartieron tarima con el presidente Gustavo Petro en La Alpujarra de Medellín, para hacer una presentación pública del estado de las conversaciones en torno a La Paz Urbana, lo cual fue objeto de polémica y demandas, entre otras, de la pérdida de investidura de la senadora Isabel Zuleta, quien es la Coordinadora de estas conversaciones en la cárcel de Itagüí.
El Alcalde de Medellín y el Gobernador de Antioquia, tanto en lo que llamaron “tarimazo”, en noviembre de 2025, como ahora, han criticado fuertemente al presidente Petro, enrostrándole su permisividad con los delincuentes de los diferentes grupos armados al margen de la ley que existen en Colombia.
Las órdenes de captura suspendidas tendrán vigencia durante seis meses, serán aplicadas en el Valle de Aburrá y Rionegro y se levantarán si cometen delitos en flagrancia.
La decisión busca consolidar los avances logrados desde junio de 2023 en la mesa de diálogo, orientados a la desarticulación de estructuras criminales, la transformación de economías ilícitas y la reducción progresiva de la violencia urbana en Medellín y el Valle de Aburrá.
