Ocho exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia se pronunciaron frente al escándalo de corrupción que se ha conocido como el “Cartel de la Toga”, el cual -dicen- «ha golpeado la integridad de la Institución a la que honrosamente” pertenecieron.
En su comunicado público, Jaime Alberto Arrubla Paucar, Augusto Ibáñez Guzmán, Carlos Ignacio Jaramilllo, Arturo Solarte Rodríguez, Alfredo Gómez Quintero, Cesar Julio Valencia Copete, Isaura Vargas Díaz y Edgardo Villamil Portilla lamentan “profundamente los episodios individuales de la mayor indignidad que se han revelado y que afectan a la Corte Suprema de Justicia, hechos que deben ser investigados y juzgados con rapidez por las autoridades competentes, con todo el apoyo de la ciudadanía”.
Piden “todo el rigor” para quien habiendo sido encargado de guardar el valor de la justicia, traicionó la confianza que en él depositó la sociedad, privilegiando la soberbia, la arrogancia, la ambición personal y la pequeñez del espíritu.
En consecuencia, manifiestan su disposición “a renunciar a cualquier prescripción, fuero, inmunidad o privilegio para que se investigue y juzgue el ejercicio” de sus funciones como magistrados sin restricción alguna.
Instan al presidente Juan Manuel Santos a que conforme un Tribunal de Honor para que formule los juicios de reproche que les corresponda y “haga la más severa sanción pública y social que merezcan” sus acciones individuales o colectivas. Y a la opinión pública y a los medios de comunicación exhortan para que no cesen en “la denuncia de los hechos que merezcan el reproche moral, social y jurídico”.
Esperan que se retome la decisión adoptada por la Corte Suprema de Justicia en sesión de marzo de 2011, en la ciudad de Girardot, de “separarse de toda función electoral respecto de los altos dignatarios en que hoy participa”, modificando las funciones ajenas a la tarea judicial que les atribuyó la Constitución de 1991a las Altas Cortes.
Por último, los exmagistrados indignados proponen una reforma fundamentada en los siguientes ejes:
- Todo poder sin control real y efectivo puede degenerar en abuso y corrupción
- El hallazgo de un juez probo y sabio constituye un patrimonio invaluable, por lo que la sociedad debe conservar ese activo moral, lo que no resulta consonante con períodos cortos para la magistratura
- Debe despojarse a las corporaciones judiciales de funciones ajenas a su labor esencial de impartir pronta y cumplida justicia
- La endogamia en la integración de las Cortes es un anacronismo. La selección de magistrados debe estar a cargo de un Colegio electoral que sea el crisol de todos los saberes, valores, culturas, etnias e intereses que componen la nacionalidad, que opere solamente cuando se produzca una vacante, y cuya decisión esté sometida al veto motivado del Presidente de la República en caso de presentarse alguna tacha moral
- Si bien el insumo básico de la magistratura está en los jueces de carrera, los tribunales de cierre también deben dar cabida a integrantes que provengan de la academia o del ejercicio profesional.
En el llamado escándalo del “Cartel de la Toga” están presuntamente vinculados los exmagistrados José Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte y Camilo Tarquino, además del actual magistrado Gustavo Malo.
