Los diputados Adolfo León Palacio y Jorge Gómez Gallego manifestaron su extrañeza y preocupación por la forma como el Gobierno Departamental adjudicó dos contratos de distribución de licores para los departamentos de Córdoba y Cesar. Los corporados llamaron la atención sobre el hecho que no se haya acudido al sistema de licitación pública.
Para el caso del contrato de distribución del Departamento de Córdoba sólo se preseleccionó un proponente: Licosinú S.A.S. Consideran los diputados que si en un primer ejercicio sólo se presentó un proponente, se debió haber declarado desierta la convocatoria.
La adjudicación de distribución del Departamento del Cesar, según los diputados Gómez y Palacio, “se hizo una variación de las condiciones iniciales al modificar el índice de endeudamiento del 70 % al 80 %. Lo anterior en el sector de las finanzas constituye un cambio fundamental, pues la disminución de 10 puntos en este indicador representó que se habilitó un proponente, que hasta el momento no podía participar, como es el caso de Empresar S.A., firma con sede en la ciudad de Santa Marta, en cuya junta directiva aparece el señor Álvaro Araujo Noguera”.
Los coporados critican que en la FLA opere una junta asesora que “carece de todo fundamento jurídico, pues no existe ningún acto administrativo del Gobierno Departamental que la cree, y menos aún están determinadas sus funciones, competencias, idoneidad y condiciones de quienes la integran”.
Los diputados Adolfo León Palacio y Jorge Gómez solicitaron la intervención inmediata de la Fiscalía, la Procuraduría y la Oficina de Anticorrupción de la Presidencia de la República.
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