El médico Internista y miembro de la Academia de Medicina de Medellín, Juan Guillermo Tamayo, considera irresponsable el acto de protesta y de desobediencia social de un grupo de personas mayores de 70 años de “connotada representatividad nacional”, que busca que un juez de la República le conceda el amparo a los derechos fundamentales a la igualdad, libre locomoción y libre desarrollo de la personalidad.

Se refiere a Rudolf Hommes, exministro de Hacienda; Florence Thomas, reconocida feminista; Humberto de la Calle, jefe Negociador del Acuerdo de Paz con las FARC; Lisandro Duque, director de Cine; Clara López Obregón, exministra de Trabajo; Daniel Samper Pizano, periodista; y otras personalidades instauraron Acción de Tutela contra el Gobierno Nacional y la medida de aislamiento obligatorio para adultos mayores de 70 años que está prevista hasta el 30 de agosto.

En el recurso constitucional piden el amparo a los derechos fundamentales a la igualdad, libre locomoción y libre desarrollo de la personalidad, porque aseguran que con la decisión del Gobierno adoptada mediante la Resolución 464 de 2020 y ratificada a través de los decretos 749 del 28 de mayo de 2020 y 847 del 14 de junio de 2020, se les está tratando con discriminación: los mayores de 70 años solo pueden salir de sus casas tres veces a la semana durante una hora, pero los menores de esa edad pueden salir todos los días, durante dos horas.

“Es una pataleta de estas personas privilegiadas que puede llevar al juez constitucional a tomar una decisión que puede significar un duro revés para la salud pública del País. No es un buen ejemplo porque el acto de indisciplina social de estas personalidades puede inducir a riesgos de mayor contagio, a consumo de más servicios médicos y al deterioro económico. La moralidad de un acto lo define la intencionalidad”, afirma el médico Tamayo.

El Médico, quien además es miembro de la Asociación Colombiana de Medicina Interna y docente de la Universidad CES, afirma que las personalidades accionantes deberán cargar a sus espaldas la responsabilidad que miles de adultos mayores se contagien, con posibilidad de consecuencias letales y que colapsen los servicios de salud.

Por eso le pide a este grupo de “privilegiados” mayores de 70 años que suscriban una constancia pública en la que además de la justificación de la indignación que los llevó a pedir amparo de sus derechos fundamentales, en colisión con otros derechos fundamentales como el de la salud y la vida, dejen en claro las implicaciones que se derivarían de la misma.

El médico Juan Guillermo Tamayo plantea que deben señalarle al pueblo colombiano que en uso pleno de sus facultades y en un acto de protesta y desobediencia social, manifiestan su desacuerdo absoluto con la medida adoptada por el Ministerio de Salud y Protección Social, a través de la Resolución 464 de 2020.

Este es parte del texto que el médico Tamayo sugiere que suscriban los que denomina “privilegiados” accionantes de la Tutela:

“…Los abajo firmantes hacemos constar que, en caso de que nuestro reclamo sea aceptado, estamos dispuestos a asumir también sus consecuencias, como son:

1. No hacer uso de nuestra condición privilegiada para que, en caso de requerir los servicios de una UCI, nosotros podamos ocupar el espacio de otros ciudadanos comunes que también así lo demanden.

2. Asumir por nuestra propia cuenta y riesgo el peso de nuestras decisiones y comportamientos, entendiendo que una eventual liberación de nuestras restricciones nos somete a una condición muy compleja de sobrevivencia frente al Covid 19, al igual que a toda la población mayor de 70 años en Colombia.

3. Reconocer públicamente que la extinción de estas restricciones para los mayores de 70 años abre una puerta no sólo para ejercer nuestras libertades, sino que habilita a toda la población colombiana que se enmarca en este rango de edad para que también haga uso de esa licencia, y como tal somos co-responsables de los efectos que ello pueda traer en términos de contagios, muertes, saturación de salas UCI y el descontrol generalizado del manejo del virus en la misma”.

En todo caso, el médico Juan Guillermo Tamayo espera que la inferencia razonable del juez rechace la demanda de los mayores de 70 años de “connotada representatividad nacional”, porque su aspiración colisiona con los derechos a la salud y a la vida, no sólo del 8% de adultos mayores de 70 años que habitan en Colombia, sino de la inmensa mayoría de colombianos menores de 70 años, lo que representa claramente el principio constitucional del interés general.