Dedicar tiempo y espacio a hablar de la mentira en la política en busca de la reflexión ética y de la toma de conciencia para que los políticos no lo hagan y la sociedad lo sancione, parece insulso porque muchos políticos y periodistas no miden el costo ético de mentir, porque es superior la utilidad electoral de hacerlo, y no hay sociedad racional que lo rechace y lo castigue.
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Sin embargo, saber que en el país de Gales ha avanzado un proyecto que busca imponer a los ministros galeses el deber de regular y prohibir las declaraciones falsas o engañosas durante campañas electorales, cuando exista intención de alterar el resultado electoral, muestra que querer erradicar la mentira de la política quizá no sea tan estéril. En algún lugar del mundo ya no es solamente una propuesta académica o un debate ético. La iniciativa quedó incorporada en la llamada Senedd Cymru (Member Accountability and Elections) Bill, una norma orientada a fortalecer la rendición de cuentas de los políticos y combatir la desinformación electoral.
El texto distingue deliberadamente entre opiniones políticas, interpretaciones ideológicas y promesas electorales y lo que considera afirmaciones objetivamente falsas o engañosas sobre hechos verificables.
El proyecto no pretende castigar la exageración retórica típica de la política, sino la mentira deliberada, presentada como un hecho verificable.
El borrador legal establece que la regulación podrá incluir sanciones penales y definir aspectos como ¿qué constituye un “hecho”? ¿cuándo una afirmación es “engañosa”? ¿si la conducta fue dolosa o temeraria? y excepciones o defensas posibles.
El debate jurídico en Gales ha girado, precisamente, alrededor del equilibrio entre libertad de expresión política, integridad democrática y derecho ciudadano a no ser manipulado deliberadamente.
Los impulsores del proyecto sostienen que la democracia no puede sobrevivir si la mentira sistemática se convierte en una herramienta electoral normalizada.
Uno de los elementos más interesantes es que el modelo galés intenta evitar caer en la censura ideológica. Por eso la norma se concentra en tres criterios: afirmaciones de hecho; falsedad o carácter engañoso; e intención electoral concreta.
Es decir: no sanciona una opinión agresiva, una interpretación discutible o una promesa imposible de cumplir, sino declaraciones objetivamente falsas, emitidas para influir en una elección.
También es importante señalar que hubo fuertes críticas y reservas. Algunos sectores advirtieron riesgos como: judicialización de la política; uso partidista de las denuncias; efecto inhibidor sobre el debate público; y dificultad para determinar jurídicamente qué es “verdad” y qué es “engaño”.
Aun así, el proyecto obtuvo un respaldo muy amplio y fue aprobado por el parlamento galés en marzo de 2026.
Sin embargo, la ley no aplicará inmediatamente: el nuevo régimen no entraría plenamente en vigor antes de 2030, porque aún deben desarrollarse reglamentos, mecanismos procesales y criterios de aplicación.
En términos políticos y filosóficos, lo que está intentando Gales es algo bastante novedoso en las democracias occidentales: pasar de la condena moral de la mentira política a una responsabilidad jurídica limitada y específica cuando la falsedad amenaza directamente la limpieza electoral.
¿Tendrá alcance en democracias como la colombiana, donde la mentira deliberada se vuelve rentable electoralmente y prácticamente impune?
El caso de Gales debería resultarnos especialmente interesante porque pone sobre la mesa un debate profundo sobre los límites entre libertad política y responsabilidad democrática. Durante décadas, muchas democracias toleraron la mentira política como si fuera un “mal inevitable” del debate público. Pero el deterioro de la confianza ciudadana, la manipulación digital y la polarización han llevado a algunos países a preguntarse -aunque nosotros no lo hagamos, realmente- si la democracia puede sobrevivir cuando la falsedad deliberada se convierte en estrategia permanente.
Una sociedad que normaliza la mentira termina debilitando la confianza pública, erosionando las instituciones y confundiendo a los ciudadanos sobre qué es verdad y qué es propaganda. De ahí la urgencia de resolver una paradoja:
la democracia necesita libertad de expresión para existir, pero también necesita un mínimo de verdad compartida para no destruirse desde adentro.
