El gobernador (E) de Antioquia, Luis Fernando Suárez Vélez, informó que la creación de la nueva Empresa Industrial y Comercial del Estado, 100% pública, en que habrá de convertirse la Fábrica de Licores y Alcoholes de Antioquia –FLA-, será responabilidad tanto del Gobierno como de la Asamblea Departamental.
El Proyecto de Ordenanza deberá autorizar al Gobernador para hacer los ajustes necesarios en la Secretaría de Hacienda, como consecuencia de la escisión de la FLA, que ya no hará parte de esta dependencia departamental sino que será entidad descentralizada de la Gobernación. También deberá autorizar al Gobernador para transferir a la nueva Empresa los activos que determine un estudio técnico y financiero, que para ese efecto se adelanta con el acompañamiento de la Universidad de Antioquia.
En todo caso, como lo argumentarta el diputado Andrés Guerra en su solicitud al gobernador Suárez de retirar el proyecto de facultades especiales, la particpación de los corporados será muy valiosa en la valoración de la FLA actual, en saber “qué activos se van a transferir, cómo será el manejo de los pasivos, obligaciones por demandas y contingencias. ¿Se trasladarán todos los activos? ¿Cómo se valorará el aporte del Departamento a la nueva empresa? ¿Cómo será el manejo del pasivo pensional…?”
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El gerente de la FLA, Javier Ignacio Hurtado, confirma la importancia de la discusión del proyecto de transformación de la Empresa en el seno de la Asamblea y de cara a la ciudadanía.
La secretaria de Hacienda de Antioquia, Luz Elena Gaviria, precisa que la transformación de la FLA en Empresa Industral y Comercial del Estado no afectará las finanzas del Departamento y que, al contrario, “permitirá que se garanticen los ingresos a lo largo del tiempo porque será una empresa de cara al siglo XXI”.
La transformación de la naturaleza jurídica de la licorera de Antioquia, de empresa adscrita a la Secretaría de Hacienda del Departamento a Empresa Industrial y Comercial del Estado, obedece a un fallo del Consejo de Estado del 21 de junio de 2018, el cual le dio dos años a la Administración y a la Asamblea Departamental de Antioquia para proceder a materializar la providencia judicial.
