El Gobierno nacional prepara un proyecto de Ley de Sometimiento dirigido a integrantes de grupos armados ilegales que decidan abandonar las actividades criminales y acogerse a la justicia. El anuncio fue hecho este martes, 15 de septiembre de 2026, por el ministro de Justicia, Iván Cancino, quien explicó que la iniciativa se encuentra en construcción y será articulada con la Presidencia de la República, el Ministerio del Interior, el Congreso y las entidades que integran el Consejo Superior de Política Criminal.
Desde el Congreso, Cancino estableció los principales criterios que, según sus declaraciones, orientarán la propuesta: no habrá reconocimiento de estatus político para las estructuras criminales ni un escenario de negociación sobre las condiciones de sometimiento.
“No hay marco para la impunidad, no hay negociaciones largas, no hay unas rebajas desproporcionadas”, manifestó el Ministro. Y agregó que se trata de un sometimiento a la ley, conforme a lo planteado por el Gobierno durante la campaña presidencial.
La iniciativa pretende diferenciarse de los mecanismos de diálogo y negociación desarrollados en el marco de la política de paz total del Gobierno del presidente Gustavo Petro. Según Cancino, quienes decidan acogerse a la futura ley deberán aceptar las condiciones establecidas por el Estado, sin convertir el proceso en una mesa para negociar beneficios o modificar las obligaciones jurídicas.
“Las personas que se sometan no van a tener voz para dialogar. Lo único que van a poder decir es: me someto o no me someto, y aceptar las consecuencias”, afirmó.
El Ministro no precisó cuáles serían las sanciones diferenciadas, las eventuales rebajas de pena o los mecanismos concretos de cumplimiento que contemplaría el proyecto. Señaló, sin embargo, que el diseño de la iniciativa deberá tener en cuenta los marcos internacionales aplicables y que un eventual tratamiento diferenciado no podrá confundirse con impunidad.
El Gobierno deberá definir el alcance de la propuesta, los grupos que podrían acogerse, las condiciones de entrega, los mecanismos de colaboración con la justicia y las consecuencias del incumplimiento. También tendrá que establecer cómo se garantizarán los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición.
Iván Cancino informó que el Ejecutivo ha retomado conversaciones con entidades como la Fiscalía General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y otras agencias del Estado, en relación con procesos de sometimiento que ya venían avanzando.
Entre los casos mencionados se encuentra el de los Comandos de la Frontera, estructura disidente de las FARC, cuyo proceso podría constituir, según el Ministro, una primera muestra de la política de sometimiento o acogimiento que pretende desarrollar el Gobierno en las próximas semanas.
La eventual Ley de Sometimiento deberá tramitarse ante el Congreso de la República, donde se discutirán sus alcances y límites. Hasta que el proyecto sea radicado, debatido, aprobado y sancionado, no existe un nuevo régimen legal derivado de este anuncio.
El debate no se limitará a determinar qué beneficios podrían recibir quienes abandonen las armas. También deberá establecer cómo se garantiza que las estructuras criminales sean efectivamente desmanteladas, que los responsables respondan por sus delitos y que las víctimas no queden relegadas en la búsqueda de verdad, justicia y reparación.
La apuesta del Gobierno consiste en ofrecer una ruta jurídica para quienes decidan someterse, al tiempo que advierte que las organizaciones que continúen delinquiendo enfrentarán la acción de las autoridades. El resultado de esa política dependerá, en buena medida, de la claridad de las reglas, la capacidad institucional para aplicarlas y la verificación efectiva de los compromisos adquiridos.
Por ahora, el anuncio abre un nuevo capítulo en la discusión sobre el tratamiento estatal de los grupos armados ilegales en Colombia. El contenido definitivo del proyecto será el que permita determinar cómo se traducirán en normas concretas las promesas de sometimiento, justicia y ausencia de impunidad.
