El Gobierno de Antioquia debe cumplir la Ley 1386, vigente desde el pasado 21de mayo, dijo en SINERGIA INFORMATIVA el diputado Nicolás Pineda. Esta norma le prohíbe a las entidades territoriales contratar con terceros particulares, el desarrollo de las funciones tributarias de gestión, fiscalización, liquidación, cobro y recuperación de cartera, y les ordena la terminación de los contratos suscritos que tuvieran objetos similares. El Diputado conservador precisó que el Departamento tiene sendos contratos legalizados con las cámaras de Comercio de Medellín, del Aburrá Sur y del Oriente, y no legalizados los respectivos contratos con la empresa Sistemas y Computadores y UNE Telecomunicaciones. Nicolás Pineda tiene, entre otras preocupaciones, la de la posible violación de la Ley, la del sobrecosto que implica para los usuarios la tercerización de los recaudos y que es una forma de pagar deudas políticas.
