Por: Alfaro García

Una reforma a la educación superior debe estar enmarcada en tres dimensiones principales: calidad de los programas de pregrado y posgrado, cobertura y financiación.

En primer lugar, la mayoría de universidades y programas académicos en Colombia no se encuentra acreditada en calidad (currículos, infraestructura, docencia, investigación y extensión) por parte del Consejo Nacional de Acreditación y el Ministerio de Educación Nacional. A su vez, ninguna universidad colombiana se encuentra en los primeros lugares en el ranking de las mejores universidades de América Latina, lo que demuestra que nuestra educación superior carece de la calidad necesaria en programas académicos, docencia e investigación.

 

En segundo lugar, anualmente se gradúan más de 600.000 bachilleres; de ellos, aproximadamente el 45% ingresa a programas técnicos, tecnológicos y profesionales; pero de este porcentaje, muy pocos logran terminar su cometido, debido a la deserción académica como consecuencia, principalmente, del bajo ingreso económico familiar.

En tercer lugar, las universidades públicas colombianas están al borde del colapso financiero, porque no tienen más capacidad económica para ofrecer programas de pregrado, ampliar planta docente y realizar actividades de investigación y extensión. Es necesario que las universidades públicas tengan garantizada una financiación adecuada por ampliación de cobertura, creación de programas de pregrado y posgrado, planta docente, investigación y mejoramiento de su infraestructura.

En consecuencia, una verdadera reforma a la educación superior debe responder a una serie de propuestas como las siguientes:

1. FONDO DE COBERTURA ESTUDIANTIL

Consiste en un fondo del presupuesto nacional adscrito al Ministerio de Educación Nacional, con 200 mil millones de pesos anuales para otorgar sendos subsidios a 100 mil jóvenes, por 2 millones de pesos a cada uno, para que estudien una carrera técnica o tecnológica en la institución de educación superior que deseen.

Como requisito para ser beneficiario, el estudiante debe hacer parte de una familia de desempleados y, por supuesto, pertenecer a los niveles 0, 1, 2 ó 3 del SISBEN.

Los recursos provendrían del Presupuesto General de la Nación anual, más un 2% de los recursos de regalías. El Gobierno Nacional propone que el 10% de las regalías sea para ciencia, tecnología e innovación. Nuestra propuesta va encaminada a que sea de un 8%, y el 2% restante sea destinado para el Fondo de Educación Superior de los más pobres.

2. FONDOS TERRITORIALES DE CRÉDITO EDUCATIVO

Proponemos una reforma constitucional y legal que permita exigirles a los departamentos y municipios productores de minerales y metales preciosos, crear un Fondo de Educación Superior para créditos con bajas tasas de interés y condonables por los jóvenes en sus respectivas regiones, después de concluido su período de formación.

Este Fondo crediticio será posible si cada gobernación y alcaldía destina el 2% de los recursos de sus regalías.

3. CALIDAD EDUCATIVA

El Ministerio de Educación Nacional debe exigirle resultados de calidad a los programas académicos en las instituciones de educación superior del País; pero, al mismo tiempo, debe ofrecerles asesoría continua para mejorar sus procesos curriculares, docencia, investigación y extensión.

En ese mismo sentido, debe establecer estrategias de control, regulación y sanción para las instituciones de educación superior que no cumplan los estándares mínimos de calidad en sus programas académicos, docencia, investigación, extensión e infraestructura física, científica y tecnológica.

Sin embargo, no debe dejarlas solas. Sería importante ofrecerles créditos con bajas tasas de interés, inferiores al IPC anual o, incluso, sin intereses, para que inviertan en mejorar sus procesos de investigación, docencia e infraestructura.

4. FINANCIACIÓN

Es necesaria la articulación y coordinación entre universidad y sector privado para desarrollar los procesos de investigación, extensión y servicios. De esta manera, tanto la universidad pública como la privada, podrán obtener ingresos adicionales.

La anterior alianza estratégica con el sector privado, no le quita al Estado su responsabilidad constitucional y legal de garantizar la financiación de la universidad pública, para que ésta cumpla con calidad y cobertura.

5. CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN C-T-I

Una sociedad que avanza en la ciencia, las técnicas, las artes y las humanidades, es una sociedad con desarrollo social y crecimiento económico.

Pero, como en Estados Unidos y en la Unión Europea, esa sociedad necesita antes que todo, universidades con calidad para producir conocimiento, en las que la educación no sea vista sólo como ánimo de lucro.

Esos estados que se constituyen en paradigma de desarrollo social y crecimiento económico, son ejemplo de sociedades que entienden la importancia de destinar ingentes recursos para actividades de ciencia, tecnología e innovación desarrolladas en sus instituciones de educación superior públicas y privadas. Su objetivo es claro: generar conocimientos y avances científicos para la solución de las necesidades de la población y del país. En últimas, para garantizar calidad de vida y dignidad humana.

Pero nuestro sector privado no puede seguir haciéndose el de la vista gorda con la universidad, y eludiendo su responsabilidad tanto en el crecimiento económico como en el desarrollo social.

6. LA EDUCACIÓN COMO LUCRO

Cuando el objetivo de la educación superior es el lucro, la calidad de sus programas académicos no importa. En consecuencia, invierte menos en actividades de docencia, de investigación, de extensión y de infraestructura. No es extraño, entonces, que las mejores universidades de América Latina y del mundo, no son con ánimo de lucro. Muchas son estatales y otras, fundaciones.

CONCLUSIONES

– La cobertura no se logra simplemente permitiendo la apertura de nuevas instituciones de educación superior con ánimo de lucro. En una sociedad como la colombiana, con tanta pobreza y miseria, la cobertura consiste en generar condiciones económicas y sociales para que los jóvenes puedan acceder a programas académicos de educación superior

 

– El Estado debe exigir calidad en todas las instituciones de educación superior. Debe garantizarlo, mediante el control, la regulación y la sanción a las instituciones que no cumplan los estándares mínimos de calidad. Además, debe ofrecer créditos a bajas tasas de interés ó subsidios a las universidades para el mejoramiento de su infraestructura, procesos de investigación y docencia.

 

– El Estado debe generar las condiciones constitucionales, legales y económicas para garantizar suficientes recursos para ampliación de cobertura y mejorar la calidad de los programas académicos y las actividades de investigación y extensión de las universidades públicas.

 

– Tantos las universidades públicas como las privadas, deben articular y coordinar con el sector privado su oferta de programas académicos, sus actividades de investigación y de extensión y la venta de sus diferentes servicios.

 

– El Gobierno Nacional, por medio de Colciencias, debe promover y financiar actividades de ciencia, tecnología e innovación en las universidades y centros de investigación, para la generación de conocimiento y avances científicos.

 

– Las universidades con ánimo de lucro deben tener mayores controles. El Estado debe exigirles a sus propietarios calidad en la oferta de programas, infraestructura, investigación y extensión.

El reto del Estado y la sociedad colombiana es dejar de ver la educación como un simple gasto público. Debe creer, como lo han hecho los estados y sociedades más avanzadas, en la educación como la llave capaz de abrir las compuertas del avance social, cultural, científico, económico de todo un país.