Por: Ramón ElejaldeAfirmó en su rendición de cuentas el ya ex fiscal Mario Iguarán, que la corrupción le está haciendo más daño a la Patria que la mismísima subversión. “La corrupción administrativa está matando a los colombianos”. Verdad que todos conocemos y padecemos, pero mal hace el ex funcionario en difundir esa conclusión en la última semana de su período, cuando los resultados de la Fiscalía durante el tiempo que Iguarán Arana estuvo al frente de sus destinos, es tan desoladora y pobre en ese y muchos otros aspectos. Desnudó el ex fiscal la gran falencia nuestra, pero también desnudó su propia incapacidad en combatir semejante flagelo.
Expresar que existe un número increíble de alcaldes y de gobernadores investigados, no es prueba alguna de eficiencia en el combate a la corrupción. Muchos de ellos, seguramente, no han cometido siquiera una conducta de las consagradas en el Código Penal. La eficacia de la administración de justicia se demuestra con la ejemplar sanción a quienes infrinjan la ley penal. Es cierto y fácilmente comprobable que la inoperancia de la Fiscalía es inversamente proporcional al incremento de la corrupción en Colombia. Las historias que se escuchan en Antioquia son verdaderamente espeluznantes. Le hubiera bastado al ex fiscal Iguarán intervenir legalmente los teléfonos de dos o tres personajes siniestros que merodean o laboran en conocidísimos despachos oficiales para que se enterara de muchas cosas. En estas columnas hemos señalado muchos hechos y nadie ha intentado siquiera preguntar cuál es la razón para mis afirmaciones, otras tantas se las he remitido y no han merecido una llamada para que explique lo que digo. Creo que hasta dos distinguidos parlamentarios visitaron a Iguarán, le entregaron mis artículos y le pidieron investigar con celeridad lo que en ellos denunciaba. Lo obvio: nada pasó, ni pasará. Claro que eso sucede también en la Procuraduría y en las contralorías, otros nidos de ineficiencia, para darle un nombre benévolo al fenómeno.
Alcaldes con almacenes o proveedoras propias o de amigos cercanos o familiares, contratistas de bolsillo, urgencia manifiesta para eludir las licitaciones, fundaciones oficiales para burlar la ley de contratación, sobrecostos, funcionarios que resultan ricos de la noche a la mañana, predios que se adquieren por valores superiores a los comerciales, médicos contratados que no han estudiado medicina, en fin, me haría interminable en citar eventos verdaderamente lamentables que nunca han merecido la investigación de las entidades constituidas con tal fin.
Muchas cosas nos podríamos preguntar en Antioquia: ¿Qué pasó con la investigación por la compra del 50% de las acciones de Orbitel que hizo Empresas Públicas de Medellín a dos conglomerados económicos con un sobrecosto cercano a los 50 millones de dólares? Nadie ha dicho nada a pesar de que el mayor valor pagado fue supuestamente por el excelente negocio del Wi-Max, cuando todo Antioquia les dijo que no sería así, como evidentemente está pasando. ¿En qué van las investigaciones por la compra a precios exagerados y con violación a claras disposiciones legales de las acciones de Pescadero-Ituango a unos particulares por parte del IDEA?
Para salirnos de la parroquia, ¿Quién nos podrá explicar a cuántos políticos o funcionarios han condenado por el saqueo permanente a que es sometido el Departamento de Chocó? Cuentan que en Medellín se dan la vida muelle y holgada algunos familiares de los supuestos saqueadores del erario de ese Departamento. Un columnista, en este mismo periódico, ha contado historias de corrupción asombrosas que nadie desmiente.
Sinceramente considero que más grave que la subversión y que la corrupción administrativa, es la incapacidad de un fiscal y de la fiscalía, por ponerle fin a la corrupción que se ha regado por todo el territorio nacional y que seguramente carcome sus propias entrañas.
