Por: German Enrique Reyes ForeroEl pasado 16 de julio, en mi calidad de Presidente de la Comisión de Derechos Humanos y Audiencias de la Cámara de Representantes, y al lado de la Senadora Gloria Inés Ramírez Ríos como Coordinadora de la Comisión de Paz del Senado, realicé en la ciudad de Medellín la Audiencia Pública “Garantías que deben otorgarse a los defensores de derechos humanos en Antioquia”, en donde tuvimos oportunidad de escuchar los reclamos sobre garantías y persecuciones por parte del Gobierno contra defensores de derechos humanos, actividad sumamente riesgosa por las concepciones de la llamada Seguridad Democrática. Afirmación que, per se, nos ubica en medio de un ataque a la institucionalidad y como parte del accionar de la guerrilla o del “terrorismo”.
Estos y otros señalamientos son los permanentes mensajes que envía el presidente Uribe porque, según sus paranoicas teorías desatadas en su guerra informativa, somos el “enemigo interno”; todas nuestras acciones son de apoyo a la guerrilla cuando de reclamar o exigirle al gobierno se trata. Centros de opinión y análisis reconocidos alientan a Uribe para que señale a la oposición política, a los movimientos sociales y sindicales, a los medios de comunicación, a los artistas e intelectuales, a los académicos y, por supuesto, a defensores de derechos humanos, como parte de esa gavilla que, de mano con la guerrilla, atenta contra sus conceptos de la seguridad. A las ONG Defensoras de Derechos Humanos no ha vacilado en señalarlas como un “cartel de la guerra jurídica” para desprestigiar las instituciones. A su lado están decenas de asesores tratando de entregar a organizaciones internacionales, informaciones que contrarresten lo ocurrido en este país; desesperadamente tratan de sensibilizar a medios de información para que tergiversen lo dicho por defensores y opositores y, de paso, limpiar la imagen de la Seguridad Democrática; válido ha sido el truco de inventar redes de solidaridad y apoyos de fachada como estrategias de contra información. Ha sido un tormento para Uribe, cuando se encuentra con los carteles, los pitos y la protesta de defensores de derechos humanos antes de ingresar a escenarios gubernamentales y académicos en sus giras por el exterior.
La terca y persistente afirmación que en Colombia no hay un conflicto interno, hace parte de la esencia de la dificultad para adelantar cualquier tipo de diálogo, como acertadamente lo afirmó la Corporación Jurídica Libertad, y la razón para la militarización de nuestra vida civil. Los centenares de denuncias que logran salir son las evidencias que confrontan las teorías de un proyecto de antidemocracia. Los escándalos recientemente denunciados y comprobados en el DAS, como la confección y almacenamiento ilegal de informes de inteligencia, con el señalamiento que todos, por disentir, somos enemigos del Estado, son prácticas, no de simples subalternos, sino de una política de gobierno, en especial de este último, íntimamente aferrada a la en otrora doctrina de la Seguridad Nacional, la que plagó en otros años a la América Latina con feroces dictaduras militares.
En la Audiencia tuvo que salir a flote la apertura de investigaciones por supuestas pruebas provenientes de guarniciones militares como la de la Fiscal 74 destacada en las instalaciones de la Cuarta Brigada del Ejército, apoyada en acerbos probatorios de desertores de la guerrilla, reinsertados o desmovilizados paramilitares o agentes de inteligencia. Aquí nacen, pero también se caen, luego de largos días de injustas detenciones, los procesos contra el movimiento social y los defensores de derechos humanos. Resultó sonoro el reclamo de defensores, dirigentes sociales y políticos para que, de acuerdo con las leyes y tratados internacionales vigentes, estas prácticas sean abolidas, las que son claras violaciones a los derechos humanos, a la vida y a la libertad. ¿Será mucho pedir actuar en la legalidad?, fue la pregunta que retumbó en el auditorio del Pequeño Teatro de Medellín en donde se efectuó la Audiencia Pública.
En el marco de estas denuncias y análisis, fueron entendibles la racha de muertes y amenazas a luchadores sociales, sindicales, intelectuales, así como al promotor del Festival Internacional de Poesía de Medellín, inclusive los intentos por acallar al POLO. De paso, el terror y la muerte persiguen a dirigentes “no visibles” a fin de atenuar el escándalo. Sumado está también los altos índices de impunidad, algunas veces arropada bajo el cuento de la insuficiencia de recursos para la investigación judicial, cuando el problema es estructural.
El engaño de la desmovilización paramilitar es otro ingrediente, sobre todo en ciudades como Medellín que apresuradamente marchan en la etapa del llamado “postconflicto”. El incremento de las tasas de homicidios no hace parte de la paz, sino de la cruenta guerra que se libra con un Gobierno incapaz de parar, como lo afirmó la organización CORPADES. También en el municipio de Itagüí, según informó la Corporación Nueva Gente, son comunes los asesinatos, atropellos como la desconexión a los servicios públicos domiciliarios, pésimas condiciones de vida en algunos barrios y hasta especie de cogobiernos con los “paras”. El movimiento estudiantil (Movice) también aportó sus denuncias de permanentes hostigamientos, amenazas, judicializaciones y la violenta represión a sus marchas y protestas por parte de grupos policiales.
Preocupantes resultan las afirmaciones de la Defensoría del Pueblo y de la Personería de Medellín, sobre la persistente violación a convenios internacionales de protección a defensores de derechos humanos, valorada como una de las actividades más riesgosas, o la afirmación de las organizaciones populares miradas en la táctica y la estrategia del Gobierno como latentes amenazas, incluso con el señalamiento a funcionarios de vigilancia y control que se atreven a cumplir con sus deberes, tal como ha sucedido con los personeros de Remedios, El Bagre, Puerto Berrío y Medellín, o contra Defensores del Pueblo Regional por el sólo hecho de emitir alertas tempranas de protección a defensores u organizaciones sociales y políticas. O con el hurto de información tal como sucedió en el POLO de Antioquia; con seguimientos y hostigamientos, interceptaciones telefónicas, mensajes intimidatorios a través de correos electrónicos.
La Ley de Justicia y Paz, aún cojea o está cercana al fracaso hasta tanto no se devele el inicio del paramilitarismo, pese a que parte de la verdad haya sido extraditada con sus mayores capos a las Cortes Norteamericanas, fueron otras de las afirmaciones escuchadas.
