Margarita María Restrepo

Por: Margarita María Restrepo

Colombia abolió la esclavitud en el siglo XIX. De manera concomitante con la independencia,  nuestros Padres de la Patria lucharon por garantizar la libertad como principio fundamentalísimo de la nación naciente.

La constitución de Cartagena de 1812,  incorporó  herramientas para facilitar  la libertad de los esclavos, mayoritariamente negros africanos que durante cuatro  centurias fueron traídos a  nuestro país.

El proceso para lograr la libertad plena  de los esclavos en el territorio nacional fue lento y accidentado; no se dio de la noche a la mañana. Al final se impuso la razón y Colombia se constituyó en uno de los primeros países en abolir la esclavitud.

Ostentamos  ese honor hasta que apareció la maldición del narcotráfico y el terrorismo en nuestra tierra. El dinero de la mafia sirvió para que los salvajes que han llenado de terror al país, re implementaran la esclavitud  en una de sus modalidades más crueles: el reclutamiento forzado de menores de edad.

En el mundo contemporáneo, donde  de manera hipócrita nos preciamos de ser libres, hay quizás una mayor esclavitud que en los siglos XVII y XVIII. Trata de seres humanos para  trabajos forzosos, sexuales y demás actividades ignominiosas  se han convertido en uno de los flagelos que más preocupa a los gobiernos.

En Colombia, de manera silenciosa,  pero sistemáticamente nuestras niñas y niños son esclavizados por parte de los grupos armados ilegales. Son esclavos para hacer la guerra y también para satisfacer las perversidades sexuales de los jefes terroristas.

Al gobierno pareciera no importarle. Nada han hecho los negociadores de Juan Manuel Santos para lograr que las Farc, banda que nutre sus escuadrones de la muerte con menores de edad, cesen este crimen.  El proceso de paz ha servido para que los capos de las Farc veraneen en la isla de los Castro y no para que los niños esclavizados por ellos vuelvan a sus hogares.

Así el Fiscal General  quiera pasar de largo, frente a este delito, los ojos del mundo no están dispuestos a cerrarse y garantizar la impunidad que ha ofrecido el doctor Montealegre.

Un niño portando un fusil y sirviendo de esclavo sexual de un terrorista es una ofensa contra la humanidad, razón por la que tenemos la certeza de que al margen de los anhelos de Santos, este delito deberá ser castigado ya sea en Colombia o en su defecto por la justicia internacional.

Al comienzo de esta legislatura, en nombre del  Centro Democrático, presenté un proyecto de ley  que busca  castigar hasta con 20 años de cárcel a todo aquel que reclute de manera forzada a un menor de edad. Así mismo, este proyecto prohíbe la concesión de amnistías o indultos  a quienes sean investigados o condenados por esta conducta penal.

Los colombianos no podemos voltear nuestra mirada frente a esta dolorosa modalidad de esclavitud que hiere mortalmente nuestros valores republicanos y que atenta contra nuestra integridad social.

Una actitud pasiva  e indolente en la lucha contra el reclutamiento forzado de menores es, además de cobarde, una traición a la memoria de aquellos padres de la patria que hace 2 siglos, contra viento y marea, lograron hacer de Colombia un país sin esclavos.