Una de las consecuencias más preocupantes de la polarización política que sufre Colombia no es solamente la distancia cada vez mayor entre quienes piensan distinto. Lo verdaderamente grave es la ceguera intelectual que produce el fanatismo.
Porque cuando una persona se instala en uno de los extremos del péndulo político e ideológico, corre el riesgo de dejar de pensar para dedicarse simplemente a reaccionar. Y eso se evidencia, de manera particularmente dramática, en las redes sociales.
Ya no importa necesariamente qué se dijo, sino quién lo dijo. Muchos ni siquiera leen completo el mensaje, no escuchan el argumento, no verifican la información y, mucho menos, se toman el trabajo de contrastarla. Basta con identificar al supuesto amigo o enemigo político para decidir si hay que aplaudir o atacar.
Si lo dijo alguien “de los nuestros”, está bien. Si lo dijo alguien “de los otros”, está mal.
Y así, poco a poco, la razón termina subordinada a la pasión; los argumentos, a las consignas; y la verdad, a la conveniencia política.
Cuando la política se convierte en una especie de religión, aparece una peligrosa lógica de absolución para los propios y de condena para los adversarios. Entonces se justifican los insultos, las ofensas, las estigmatizaciones, las injurias, las calumnias y hasta las condenas anticipadas.
Se convierte una sospecha en una certeza. A una imputación le dan el carácter de acusación e, incluso, de condena. Una denuncia con una condena. Se comparte una acusación sin verificarla. Se transforma una investigación en una sentencia. Y, peor aún, se termina creyendo que una persona es culpable simplemente porque a nosotros nos parece culpable.
Las redes sociales, en ese contexto, pueden convertirse en una suerte de tribunal sin jueces, sin pruebas, sin presunción de inocencia, sin debido proceso y sin derecho a la de defensa.
Pero hay algo todavía más preocupante: en medio de esta batalla política, muchas personas terminan, precisamente, desconociendo los principios más elementales del Estado democrático y constitucional de derecho. Como si la Constitución fuera importante únicamente cuando protege nuestros derechos. Como si la ley tuviera que aplicarse rigurosamente a nuestros adversarios, pero pudiera flexibilizarse cuando están en juego nuestros intereses políticos. Como si el Estado de derecho fuera negociable.
Y no lo es. ¡Aquí no gobiernan las redes sociales!
Colombia es una República democrática y un Estado Social de Derecho. Eso significa que no gobiernan los caprichos de las mayorías, ni las emociones de las redes sociales, ni las pasiones de un sector político. Gobiernan la Constitución y la ley. Y esto vale para todos. Para la izquierda y para la derecha. Para quienes respaldan al Gobierno y para quienes se le oponen. Para quienes tienen poder y para quienes lo cuestionan. Para nuestros amigos y para nuestros adversarios.
Precisamente, por eso existen principios y garantías fundamentales como la dignidad humana, la buena fe y la presunción de inocencia. Y existen derechos como el debido proceso, la defensa, la honra y el buen nombre.
No son privilegios para los delincuentes. No son concesiones para los enemigos políticos. No son obstáculos para la justicia.
Son garantías de todos los ciudadanos frente al poder del Estado y frente al poder de los demás.
Porque mañana el señalado puede ser el adversario político de hoy, pero pasado mañana puede ser cualquiera de nosotros.
La doble moral también es una forma de fanatismo: uno de los mayores problemas de la polarización es que algunos han terminado construyendo una moral de doble estándar.
Cuando investigan a alguien del otro lado, exigen justicia inmediata, severidad absoluta y aplicación rigurosa de la ley. Pero cuando el investigado pertenece al propio sector político, aparecen las explicaciones, las justificaciones, las dudas sobre las instituciones, las teorías de conspiración y hasta la descalificación de quienes preguntan.
Eso no es coherencia. Eso es sectarismo.
No podemos defender el debido proceso cuando favorece a los nuestros y desconocerlo cuando protege a los otros.
No podemos reclamar presunción de inocencia para un amigo y convertir en culpable a un adversario antes de que exista una decisión judicial.
No podemos defender la honra cuando se trata de nuestra familia y pisotearla cuando se trata de alguien con quien políticamente discrepamos.
Y tampoco podemos hablar de libertad de expresión para justificar nuestros propios excesos y, simultáneamente, pretender silenciar las opiniones que nos incomodan.
La democracia se pone a prueba, precisamente, cuando tenemos que defender los derechos de alguien con quien no estamos de acuerdo.
Por eso deberíamos recuperar algo que parece elemental, pero que cada vez resulta más necesario: pensar antes de reaccionar; antes de escribir un insulto, pregúntese si conoce realmente los hechos; antes de señalar a alguien, pregúntese si tiene pruebas; antes de compartir una acusación, pregúntese si verificó su origen; antes de declarar culpable a una persona, pregúntese si existe una decisión judicial que permita hacerlo; antes de celebrar la desgracia de un adversario, pregúntese si estaría diciendo lo mismo si el acusado fuera alguien de su propio sector político… O si fuera un amigo… O si fuera un familiar… O si fuera usted.
Tener una posición política no significa renunciar al criterio. Tener convicciones no significa dejar de escuchar. Ser crítico no significa ser injusto. Ser contundente no significa ser ofensivo. Y defender una causa no significa justificarlo todo.
Por otro lado, el ciudadano no está obligado a defender absolutamente todo lo que haga su partido, su candidato, su gobierno o su líder. Al contrario: una democracia saludable necesita ciudadanos capaces de decirle “sí” a aquello que consideran correcto y “no” a aquello que consideran equivocado, venga de donde venga.
Esa es, precisamente, una de las diferencias entre tener una convicción política y pertenecer a un rebaño ideológico.
La democracia no necesita ciudadanos que aplaudan automáticamente. Necesita ciudadanos que piensen, que cuestionen, que contrasten, que investiguen, que argumenten, que sepan cambiar de opinión cuando los hechos demuestran que estaban equivocados.
Y que sean capaces de reconocer una buena decisión incluso cuando proviene de alguien a quien políticamente graduaron de adversario. Eso es cultura política. Lo contrario es fanatismo.
Hay algo que deberíamos recordar permanentemente: la Constitución no es de izquierda ni de derecha. La ley tampoco. Los derechos fundamentales tampoco.
La presunción de inocencia no pertenece a un partido político. El debido proceso no pertenece a un candidato. La dignidad humana no pertenece a una ideología. La honra y el buen nombre no dependen de nuestras simpatías electorales. Son garantías que pertenecen a todos.
No apaguemos el cerebro. Respetémonos y hagámonos respetar: recuperemos algo que ninguna red social, ningún partido político y ningún líder puede pensar por nosotros: nuestro propio criterio.
Defienda sus ideas. Tenga convicciones. Sea crítico. Incluso, sea duro cuando considere que debe serlo. Pero hágalo con argumentos, con inteligencia, con respeto y dentro de las reglas del Estado democrático y constitucional de derecho.
Porque tener una posición política no nos obliga a apagar el cerebro.
