La congresista Margarita Restrepo radicó ante la Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes una denuncia penal por los presuntos delitos de Prevaricato por Acción, Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario e Injusto y Abuso de Función Pública, presuntamente cometidos por los magistrados de la Corte Constitucional Alberto Rojas, Antonio José Lizarazo, José Fernando Reyes y Diana Fajardo y el conjuez Julio Andrés Ossa, quienes votaron por la despenalización del aborto hasta la semana 24 de gestación.
Prevaricato por Acción porque los magistrados votaron a favor de la despenalización del aborto desconociendo y yendo en contravía del derecho a la vida regulado en el artículo 11 de la Constitución Política de Colombia, el cual establece que este derecho es inviolable. Adicionalmente -agrega Restrepo- esta conducta estaría violando tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia, como la Convención sobre los Derechos del Niño y la Convención Americana sobre los Derechos Humanos.
Abuso de Autoridad por Acto Arbitrario e Injusto debido a que el fallo de la Corte no atendió que ya el tema había hecho tránsito a cosa ya juzgada, lo cual lleva a pensar a la Candidata a la Cámara de Representantes que los denunciados están pasando por encima de sus propias providencias. Recuerda que en el año 2006 esta misma Corporación decidió despenalizar el aborto únicamente bajo tres causales: uno, cuando el embarazo constituya un peligro para la salud o vida de la madre; dos, cuando exista grave malformación del feto que haga inviable su vida; y tres, cuando el embarazo sea el resultado de una conducta, debidamente denunciada, constitutiva de acceso carnal o acto sexual sin consentimiento.
Y Abuso de Función Pública ya que los magistrados de la Corte Constitucional siguen usurpando la función del Congreso de la República, la cual está establecida en el artículo 114 de la Constitución y que dice: “corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración (…) Ninguna autoridad del Estado podrá ejercer funciones distintas de las que le atribuyen la Constitución y la ley”. Agrega que la Corte Constitucional ha pasado por alto este postulado durante años.
“Cabe resaltar que el Congreso de la República ya ha manifestado su posición de estar en contra del aborto, razón por la cual no se ha dictado una norma sobre la materia; el mensaje es claro: la mayoría estamos en desacuerdo con esa práctica, y en una democracia representativa es esa mayoría la que toma y debe tomar las decisiones en nuestra Nación, no un grupo de jueces súper poderosos que cree tener la última palabra, pasando por encima del constituyente primario”, asevera Margarita Restrepo, quien es miembro de la bancada Provida de la Cámara.
Restrepo solicita que se inicie la investigación correspondiente por los hechos anteriormente relatados y se tenga en cuenta cada una de las pruebas que adjuntó a la denuncia.
