La democracia se pone a prueba no solamente en las urnas, en los tribunales o en el Congreso: también se pone a prueba frente a un micrófono, una cámara y una pregunta incómoda.
La de Estados Unidos acaba de vivir uno de esos momentos: el presidente Donald Trump decidió impedir el acceso de CNN, MS NOW y Politico a la Casa Blanca, después de cuestionar públicamente la cobertura de esos medios y acusarlos de difundir lo que denomina “fake news”. Los tres medios respondieron llevando el caso a los tribunales y alegando violaciones de sus derechos bajo la Primera Enmienda.
Y entonces ocurrió algo muy significativo: ABC, CBS, NBC y Fox News —competidores entre sí y, en algunos casos, con posiciones editoriales muy diferentes— decidieron no reemplazar a CNN en el sistema de cobertura televisiva conjunta de la Casa Blanca. En otras palabras, si CNN no podía cumplir el turno que tenía asignado para cubrir al presidente Donald Trump, las otras cadenas tampoco lo harían.
No se trata simplemente de solidaridad entre periodistas. Hay una discusión constitucional de fondo.
La Primera Enmienda, ratificada en 1791, establece que el Congreso no podrá dictar leyes que restrinjan, entre otras libertades, la de expresión y la de prensa.
La libertad de prensa no fue concebida para proteger a los periodistas de las críticas. Tampoco para garantizar que un medio tenga siempre razón. Mucho menos para convertir a los medios de comunicación en autoridades infalibles.
La libertad de prensa existe, precisamente, porque el poder puede equivocarse, abusar de sus facultades o sentirse incómodo frente a preguntas, investigaciones y publicaciones que no le favorecen.
Una cosa es que un Gobierno pueda cuestionar a la prensa y otra muy diferente que pueda castigarla por la manera como ejerce el periodismo.
Defender la libertad de prensa no significa declarar que CNN siempre informa correctamente. Tampoco significa que todo lo publicado por CNN, MS NOW, Politico o cualquier otro medio deba considerarse verdadero.
Los periodistas también se equivocan. Los medios pueden incurrir en sesgos, errores, omisiones, malas prácticas o, incluso, en información falsa. Y deben responder por ello conforme con la ley y con sus propias responsabilidades profesionales.
Pero la discusión constitucional no puede reducirse a determinar si un presidente considera bueno o malo a un medio. Porque si el criterio para conceder o retirar acceso oficial es que al gobernante le guste o no la cobertura, aparece el problema que el poder empieza a tener capacidad para premiar la información que le agrada y castigar aquella que le incomoda.
Y esa posibilidad debería preocupar incluso a quienes no simpatizan con CNN, porque hoy es CNN, pero mañana puede ser Fox News u otro medio.
Y, en otro país como Colombia, puede ser cualquier periodista que formule una pregunta o haga una crítica que el Gobierno considere inconveniente.
Por eso resulta muy interesante y aleccionador la reacción de las grandes cadenas estadounidenses. ABC, CBS, NBC y Fox News no tienen que compartir la línea editorial de CNN para defender su derecho a ejercer el periodismo. Precisamente, la fuerza simbólica de la decisión está precisamente ahí: la libertad de prensa no puede depender de que los periodistas piensen igual.
Una prensa libre no es aquella en la que todos dicen lo mismo. Es aquella en la que diferentes medios pueden investigar, preguntar, cuestionar, contradecir y publicar sin que el poder público tenga la facultad de seleccionar quién puede hacerlo dependiendo de su línea editorial.
La decisión de las cadenas de suspender la cobertura conjunta del Presidente constituye, por tanto, una señal de solidaridad profesional frente a una disputa que ya está en los tribunales.
La Casa Blanca sostiene que el acceso físico a sus instalaciones es un privilegio y no un derecho constitucional absoluto. También argumenta que la Primera Enmienda protege la posibilidad de publicar, pero no garantiza, necesariamente un puesto en la sala de prensa o un lugar específico dentro del sistema de cobertura presidencial.
La propia jurisprudencia estadounidense reconoce que la Primera Enmienda no significa que los periodistas tengan un derecho irrestricto de acceso a cualquier espacio gubernamental que no esté abierto al público en general. Pero, precisamente, por eso la pregunta jurídica central parece estar en otro lugar: ¿La exclusión se produjo por razones legítimas de seguridad, logística o funcionamiento, o estuvo vinculada al contenido de las informaciones y a la posición editorial de esos medios?
Porque una cosa es regular el acceso. Otra, muy distinta, es utilizar el acceso como mecanismo de presión sobre la actividad periodística.
La libertad de prensa no existe solamente para proteger a los periodistas. Existe para proteger el derecho de la sociedad a estar informada. Cuando un periodista pregunta, no solamente está defendiendo su propio trabajo. Está haciendo una pregunta en nombre de ciudadanos que no están dentro de la Casa Blanca.
Cuando un medio investiga un contrato público, una decisión presidencial, un escándalo o una política gubernamental, no está ejerciendo únicamente un derecho empresarial. Está contribuyendo —con todas las responsabilidades y riesgos que ello implica— a que los ciudadanos puedan conocer, discutir y juzgar las actuaciones de quienes ejercen el poder.
Por eso la libertad de prensa está íntimamente relacionada con la democracia. Sin información libre no existe ciudadanía plenamente informada. Y sin ciudadanía informada, el voto corre el riesgo de convertirse en un acto basado más en propaganda que en conocimiento.
El periodismo no nació para hacer felices a los gobiernos, aunque tampoco nació para destruirlos. Su razón de ser es otra: buscar la verdad, verificar los hechos, hacer preguntas, contextualizar, investigar y poner información relevante al alcance de la sociedad.
Por eso un periodista no debería medir su trabajo por la cantidad de aplausos que recibe del poder, ni por la cantidad de insultos. El elogio del gobernante no demuestra que el periodismo sea bueno y la crítica del gobernante tampoco demuestra que sea malo.
El verdadero examen está en la rigurosidad de los hechos, en la independencia frente a los intereses particulares, en la responsabilidad con el ciudadano y en la capacidad de distinguir información, opinión, interpretación y propaganda.
El episodio estadounidense deja una reflexión que Colombia y otras democracias también deberían escuchar:
Cuando un gobernante ataca a un medio, ese medio puede defenderse. Cuando un periodista comete un error, debe corregirlo. Cuando un medio publica información falsa, puede enfrentar las consecuencias jurídicas que correspondan. Pero ninguna democracia debería acostumbrarse a que el poder determine qué periodistas pueden preguntar en función de si sus preguntas son agradables.
El problema no comienza cuando el poder prohíbe hablar, sino cuando consigue que la prensa tenga miedo de preguntar.
La Primera Enmienda de Estados Unidos no fue concebida para garantizar gobiernos cómodos: fue concebida para proteger una sociedad en la que el poder pueda ser cuestionado… Una sociedad en la que el periodista pueda decirle al presidente: “No estoy aquí para complacerlo. Estoy aquí para preguntarle”.
Y una democracia, suficientemente madura, permite entender que una pregunta incómoda puede ser mucho más saludable que una respuesta aplaudida. Porque el periodismo, cuando cumple su misión, no es enemigo del poder. Es uno de los límites que el poder necesita para no convertirse en poder sin límites.
