Por: Edwin Alejandro Franco Santamaría
Con la noticia la semana pasada de la condena impuesta al ex presidente de Brasil, Luiz Inacio Lula da Silva, a 9 años de prisión por el delito de lavado de activos y de la prisión preventiva que fuera impuesta al ex presidente de Perú, Ollanta Humala, por supuestamente haber recibido un soborno de la multinacional Odebrecht para la concesión de unas obras de infraestructura en ese país, se nos vino a la cabeza la situación de varios ex mandatarios latinoamericanos investigados y/o condenados por asuntos de corrupción: Dilma Rousseff, ex presidenta de Brasil, destituida por cometer crímenes de responsabilidad; el actual presidente, Michel Temer, investigado por el caso que en el Brasil se conoce como Lava Jato; Cristina Fernández, ex presidenta de Argentina, procesada por lavado de activos; Alejandro Toledo, ex presidente de Perú, prófugo de la justicia; Otto Pérez Molina, ex gobernante de Guatemala, detenido, también su vicepresidente; entre otros. Con todo ello se llega a la conclusión que muchos gobernantes, bajo el lema de acabar con la pobreza, de crear oportunidades educativas y laborales, de hacer obras de infraestructura y mil promesas más, obtienen el poder, y al contrario de lo prometido, una vez en el cargo o terminados sus mandatos, la pobreza aumenta, el sistema de salud se deteriora más, se incrementan los impuestos, los cupos educativos y de empleo no aparecen; lo que sí aumenta es su riqueza personal, los cargos y contratos para personas cercanas y familiares y por eso lo que estamos viendo hoy, ex gobernantes investigados, condenados y en la cárcel a causa de las malas prácticas que no se acaban, pensaría uno que se aprende la lección, que el pueblo castigará con el voto a cierto tipo de personas o que éstas una vez en el poder harán las cosas de manera distinta, pero no, cada vez más escándalos de corrupción. En Colombia, algo se ha avanzado, algunos alcaldes y gobernadores, y uno que otro funcionario público de importancia, han sido alcanzados por el guante de la justicia, pero veo muy lejos la posibilidad de ver encarcelado a un ex presidente por asuntos de corrupción. El problema nuestro es que una parte de todos los poderes y de casi todas las instancias públicas están corroídas, es un cruce interminable y vulgar de favores entre todos ellos, en el que impera el código del silencio y de las contraprestaciones mutuas, generalmente de índole económica.
Desde que fue capturado el ex fiscal anticorrupción, Gustavo Moreno, la justicia toda está en el ojo del huracán, una reciente encuesta indica que la credibilidad de este poder público no sobrepasa el 20%, y es que se han sucedido una serie de eventos que asustan a cualquiera: capturados unos funcionarios que direccionaban el reparto para la realización de audiencias a algunos juzgados con los que previamente se había acordado que fuera así; la imputación de cargos a tres magistrados de la sala penal del Tribunal Superior del Meta, sindicados de favorecer a una mujer procesada por la muerte de 4 ciudadanos que tuvieron relación (como hijos o abogados) con su esposo fallecido y donde se había negociado su eventual absolución; jueces de ejecución de penas también cuestionados por conceder prisiones domiciliarias a cambio de dinero; el procesamiento por el delito de Concusión del ex magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretelt, y de un ex colega suyo, Rodrigo Escobar Gil, por otro delito.
Estamos a la expectativa que algún funcionario honesto, decente y transparente investigue la conducta de otros magistrados que durante el ejercicio del cargo o después de la dejación del mismo se dedicaron a negociar con su función, por ejemplo, han salido a relucir muchas cosas del que fuera presidente de la Corte Suprema y magistrado de la Sala Penal, José Leonidas Bustos; ocupando este cargo, en el lapso de 20 meses le recibió visita a Gustavo Moreno en 29 veces, uno se pregunta, en tan poco tiempo qué hace un abogado en el despacho de un juez que está conociendo uno o varios de los casos que litiga ante él y por qué éste es tan permisivo; Francisco Ricaurte lo atendió en 10 ocasiones; esto debe investigarse y aclararse ahora que se han levantado suspicacias en torno a unos procesos en los que Bustos es defensor y en los que como fiscal Moreno tenía alguna injerencia, a más de que al parecer éste fue recomendado por aquel ante el fiscal general. Negocios o cruce de favores entre los dos?, es lo que debe aclararse. Por lo pronto, debido a estas circunstancias ojalá no resulten sacrificados, como es el caso de Luis Alfredo Ramos Botero, cuyo proceso hace unos meses tuvo ponencia favorable para absolución, ahora se ha dicho que será revisado con lupa, pues no hay que olvidar que Gustavo Moreno fungió como defensor del ex gobernador de Antioquia.
Lo que sí es claro es que tanta corrupción es en gran parte la responsable de tanta desgracia social y de tanto atraso, uno de los índices de desarrollo y de avance de un país está dado por los pocos casos de corrupción que ocurren al interior de la administración pública, con todo lo que sucede y sucederá, imagínense para dónde va Colombia.
