Por German Enrique Reyes ForeroVariadísimos son los referentes para abordar el tema HÁBITAT Y VIVIENDA DIGNA. Los académicos, los organismos gubernamentales, las organizaciones sociales y políticas, tienen sus propias consideraciones que, puestas en FOROS o escenarios abiertos, arrojan elementos de propuestas o de ejecución que ningún gobernante puede desconocer.
La ciudad de Medellín es un claro ejemplo para el análisis que nos concita: A diciembre 31 de 2006 (1), se estimaban 602.168 viviendas, de las cuales 564.039 (94%) son urbanas, pero 467.056 (el 77.56%) están en los estratos 1, 2 y 3, donde reside el 85.14% de la población, como una demostración que es una ciudad de alta segregación territorial. El déficit habitacional es alarmante: 12.670 (3.3%) hogares son vivienda compartida; 16.554 (4.5%) son viviendas no susceptibles de mejorar; 13.696 hogares están en cuartos de inquilinatos; 31.195 están en situación de riesgo físico ambiental, de los cuales 29.696 están en zonas no recuperables; 100.440 (16.68%) de los predios de uso residencial poseen matrículas ficticias; peor aún, 5.831 personas viven en asentamientos, en situación de calle o están en las cárceles.
Estoy de acuerdo, que la superación de este dramático diagnóstico, es un asunto de construcción de ciudad y de superación de pobreza, “no simplemente de levantar casas; se trata de construir y reconstruir comunidades y vecindarios, hábitat para la vida, con buenos equipamientos colectivos, espacios públicos donde la gente se pueda encontrar y áreas verdes naturales que ayuden a la sostenibilidad de la ciudad en su conjunto” (2). Como solución parcial, se ha propuesto al año 2011, legalizar 6.500 predios, mejorar 1.300 viviendas de 16.554, llevar 1.200 hogares a edificaciones de vivienda de interés social, reubicar a 6.000 hogares de los 29.696 provenientes de zonas de alto riesgo no recuperable; beneficiar a 9.700 de 13.696 grupos familiares de los inquilinatos más 12.670 de las viviendas compartidas con nuevas soluciones habitacionales. Gigantescos pero insuficientes esfuerzos en una ciudad como Medellín, donde conviven la pobreza y la riqueza.
El compromiso adquirido por Colombia, de cara a la comunidad internacional en el año 2.000, de cumplir con los OBJETIVOS DESARROLLO DEL MILENIO (ODM), señaló una clara ruta para asegurar una vida digna a las personas con mayor vulnerabilidad y pobreza, como condición para disminuir la desigualdad y alcanzar la paz en el país. El primer objetivo: erradicar la pobreza extrema y el hambre, con el séptimo objetivo: garantizar la sostenibilidad ambiental, guardan estrecha relación con vivienda digna y hábitat.
El documento CONPES 91 de 2005 fue un intento de partida para el análisis de las estrategias e indicadores, no sólo del ente nacional, sino departamental y municipal, en cuanto a la provisión de estos derechos sociales (el hábitat y la vivienda), considerados en nuestra constitución como complementarios, pese a que importantes sentencias de nuestra Corte los han ligado a la noción de derechos fundamentales inherentes a la vida. Cómo no reconocer y aceptar, como un sólo ejemplo, que muchas de las muertes ocasionadas por enfermedades prevenibles en la primera infancia ocurren en medio del hacinamiento y la falta de agua potable en esas viviendas en las que el instrumento de medición de pobreza extrema o de carencias, denominado Necesidades Básicas Insatisfechas –NIB– resulta alarmante, para tan sólo hablar de una causalidad que perturba un derecho fundamental, que este modelo de Estado se niega a proteger.
Pese a la alharaca gubernamental, en el año 2005 el 19.3% de las viviendas en el país era de materiales inadecuados, igual que sus acueductos y alcantarillados, con un hacinamiento crítico; Antioquia, reconocido como uno de los departamentos boyantes, en ese mismo año registró un NBI del 17%, luego qué decir de departamentos como el Chocó. ¿Qué decir de un país donde uno de cuatro colombianos vive en condiciones de miseria?
El Plan Nacional de Desarrollo, otro instrumento de referencia vigente, convocó a departamentos y municipios a aunar esfuerzos en la solución de la grave problemática de vivienda, con la advertencia generalizada, por parte de éstos, de la carencia de recursos para ello; situación que, según orientación gubernamental, puede ser aminorada con la adopción de “diálogos constructivos y participativos” que involucren a la empresa privada y a las distintas organizaciones ciudadanas o redes sociales, tales como los Consejos de Política Social, donde se racionalicen, actualicen y administren los indicadores y metas que den cuenta de las estrategias y acciones que impacten las políticas de vivienda; semejante salida, con el tufillo de la participación, la dejo a consideración de ustedes para que valoren sus alcance y resultados; así, la problemática no es de recursos o redistribución del ingreso, sino de adopción de agendas locales o regionales que dinamicen los diálogos ciudadanos.
Existe una política nacional de vivienda, mas no una política pública, soportada en los siguientes programas, que someramente se deben enunciar: 1. Subsidio familiar de vivienda para obtener, mejorar o habilitar vivienda a través de un aporte estatal en dinero o especie, otorgado por una sola vez, ejecutado a través del Fondo Nacional de Vivienda, las Cajas de Compensación Familiar y el Banco Agrario para las zonas rurales, con una clara o perentoria advertencia “siempre y cuando el usuario cumpla con las condiciones que establecen las normas”, en especial las relacionadas con el ingreso; luego, ¿cuál será el drama para acceder a estos programas de ese casi 60% de la población colombiana que vive de la informalidad o de ese 20% que por sus ingresos está clasificado como indigentes? No obstante, los resultados sirven para adornar cualquier gestión; en el año 2007, en Antioquia se otorgaron 4.177 subsidios con un promedio de $7’492.081 cada uno, mientras en Atlántico se adjudicaron 13.347 subsidios para un per cápita de $1’052.371; ¿qué lograron los atlanticenses con un millón de pesos de subsidio? 2. Fortalecimiento del Sistema de Financiación de vivienda a largo plazo, con la Ley 546 de 1999 como marco de referencia, para la financiación de vivienda a largo plazo, bajo la modalidad, para muchos, del cuestionado sistema de UVR o del movimiento especulativo en pesos del actual sistema bancario. ¿Cuál será el segmento de la población beneficiada? Sería nuestro interrogante. 3. Cobertura de inflación para créditos de vivienda. Bajo esta modalidad, el Estado cubre a los deudores hipotecarios de las variaciones especulativas de la UVR y asume los riesgos como forma de proteger al sistema bancario. 4. Garantía para hogares informales, por medio del cual el Fondo Nacional de Garantías, al que contribuimos todos con el famoso 4×1000, asume los riesgos en relación con los trabajadores independientes que soliciten créditos de vivienda de interés social. 5. Leasing habitacional, mecanismo de arrendamiento por el cual un banco o entidad de financiamiento entrega a un locatorio (usuario) la tenencia de una vivienda a través de un canon, hasta que éste pueda optar por la compra; forma de dar salida a aquellas entidades que poseen innumerables viviendas restituidas en dación de pago a los especuladores bancarios por quienes se vieron imposibilitados a cumplir a esa voraz especulación. 6. Cuentas de Ahorro para el Fomento de la Construcción, con exenciones de retención en la fuente para aquellos ahorradores que movilicen cuentas para la adquisición de vivienda. 7. Microcrédito inmobiliario, para montos inferiores a 25 SMLMV con plazos menores a 5 años, para adquisición de viviendas que no superen los 135 SMLMV con intereses similares a los de la vivienda de interés social.
Como se observa, hay una política nacional de vivienda, en lo fundamental cedida a las dinámicas del mercado, en especial al sector financiero, con el Estado como garante, y una demostración de la renuncia a los postulados del Estado Social de Derecho. Si el Estado participa con la política del subsidio de vivienda no restituible, lo hace más para atenuar el conflicto social o para legitimizar el modelo de Estado imperante, que en cumplimiento de los cánones del Estado de Bienestar.
Hemos insistido, desde la propuesta del POLO DEMOCRÁTICO ALTERNATIVO, que el gasto social debe tener prioridad sobre el pago de la deuda externa y el presupuesto militar. Este sería un ejercicio ilustrativo, tomado del informe de ejecución de gastos de la Nación durante el año 2008 (3), teniendo en cuenta el valor promedio de una vivienda de interés social de 47.5 metros cuadrados de $50 millones de pesos al año 2008 (4), como solución de vivienda de los que están marginados de la actual política de vivienda.
