Abogados como Javier Rodas, máster en Derecho; Andrés Úsuga, especialista en Derecho Administrativo; y Juan Fernando Gómez, personero Delegado para los Derechos Humanos de la Personería de Medellín, coinciden en que el gobernador Luis Pérez Gutiérrez tiene todo el derecho a cuidar su libertad y su patrimonio si decide dejar de prestar servicios de salud, educación, agua potable y otros servicios públicos básicos en los corregimientos Belén de Bajirá, Blanquiceth, Macondo y Nuevo Oriente.
El mismo Gobernador de Antioquia ha afirmado que un minuto después de que quede en firme el Acto Administrativo del Gobierno Nacional por medio del cual se entreguen los mencionados corregimientos al departamento del Chocó, su administración deberá retirar las inversiones que históricamente ha venido haciendo en ellos. De seguir haciéndolo, incurriría en el delito de Peculado por Aplicación Oficial Diferente que está tipificado en el Código Penal Colombiano (Artículo 399).
Los mencionados abogados Rodas, Úsuga y Gómez tienen en claro que, obligatoriamente si se es consecuente con el ordenamiento jurídico colombiano, lo que debe hacer un jurista y respetar un agente del Estado es defender y promocionar las garantías que ofrece nuestro Estado Social de Derecho. En ese sentido, no creen que el Gobernador de Antioquia se apresure a violar los principios y derechos fundamentales de los habitantes de Belén de Bajirá –de Mutatá- y Blanquiceth, Macondo y Nuevo Oriente –de Turbo-.
Seguramente habrá alguna exoneración transitoria que blinde jurídicamente al Gobernador hasta que el gobierno del Chocó asuma su responsabilidad con estos corregimientos.
