Ramón Elejalde
Lo denunciado el pasado domingo por la revista Semana evidencian que el DAS es un máquina del crimen. Desde el momento mismo en que inició el gobierno del doctor Álvaro Uribe, el DAS no para de ser protagonista en noticias nacionales y hasta internacionales, pero no por resultados en seguridad, sino porque allí se producen los más escabrosos e increíbles crimines. Las interceptaciones denunciadas por la revista Semana y no controvertidas por nadie, ni por el mismo gobierno, son la continuación de repetidas conductas delictivas, que se iniciaron con la manipulación de antecedentes penales de connotados narcotraficantes, elaboración de listas de sindicalistas para que los paramilitares asesinaran, falsificación de realidades electorales, etcétera, etcétera.
En todos estos años el único lugar donde la Seguridad Democrática parece no haber podido entrar es en el Departamento Administrativo de Seguridad, que por demás es una dependencia de la Presidencia de la República. ¿Quiénes chuzaban llamadas? ¿Para quién lo hacían? ¿Qué interés tiene un funcionario de cuarto nivel en el DAS de espiar a la Corte Suprema, a la oposición y a los directores de grandes medios de comunicación?
Después de 4 días de escándalo el Presidente Uribe dio la cara. No vi. decisiones de fondo, perece ser que su intervención tuvo más forma que contenido. Y cuando la forma se impone sobre el fondo, máxime en un asunto tan delicado, la situación es todavía mucho más grave. Entre los asuntos de forma hubo uno que me llamó poderosamente la atención: el Presidente dio sus declaraciones acompañado exclusivamente por los comandantes de los distintos cuerpos de la Fuerza Pública. ¿Por qué no había ni un solo civil? ¿Qué tenían que ver con las chuzadas del DAS el Ejército, la Fuerza Aérea y la Fuerza Naval? Estoy seguro que nada.
Digo que la intervención presidencial fue de forma porque por estas chuzadas han salido 4 funcionarios de segundo y tercer nivel en el DAS. El próximo escándalo que se presente en el país, que puede ser la semana entrante, nos va a hacer olvidar éste, y nada va a pasar, estos hechos del DAS van a ser cosas del pasado. En España renunció el Ministro de Justicia porque estuvo cazando con el fiscal Baltasar Garzón, quien investiga a los miembros del Partido Popular. En Colombia la dependencia de seguridad de la Presidencia, chuza a los Magistrados, a la oposición, a la prensa y renuncia 4 desconocidos.
El otro episodio de la semana, el de la discusión sobre la penalización de la dosis mínima de estupefaciente ha dejado al descubierto lo que tanto hemos denunciado en estas columnas: En Colombia se está perdiendo la independencia con la que deben actuar las ramas y órganos del Poder Público. Este tema, de menor audiencia y despliegue en los medios de comunicación frente al tema de las chuzadas telefónicas del DAS, es incluso mucho más importante y más profundo. Bastó no más que el fiscal Mario Iguarán expresara su inconformidad con la posible penalización del consumo de estupefacientes para que el Presidente de la República le reclamara y recordó que cuando lo candidatizó para la Fiscalía General Iguarán sabía la posición del Presidente sobre este tema. Muchas preguntas me surgen: ¿Qué compromisos o qué posiciones tienen que fijar los candidatos a fiscalía ante el Presidente Uribe para ser ternados? ¿Existen también condicionamientos previos a los candidatos a integrar las ternas para la Corte Constitucional que debe presentar al Senado el Presidente de la República próximamente? ¿Deben tener esos candidatos posiciones definidas sobre el tema de la reelección? ¿Qué deben pensar y qué deben defender los integrantes de la Junta del Banco de la República, hay casi todos Uribistas? ¿Sigue considerando el Presidente al fiscal Iguarán como su viceministro de Justicia? Lo dicho: la reelección indefinida va terminando con el estado de derecho, ya que el Presidente va acumulando todos los días más funciones que son propias de otras ramas del poder público.
La actitud asumida por el Presidente frente a los graves acontecimientos, al considerarse irresponsable, tanto él como su Gobierno, frente a cualquier hecho, por grave que sea, no es democrático. La creencia del Presidente de considerarse como el dueño de la verdad absoluta, de decir la última palabra en todos los temas, donde no respeta la independencia de los demás órganos del Estado, es algo que preocupa. Estas son muestras de comportamientos totalitarios que llaman al país a pensar.
Notícula. Lo del contralor Jorge Rojas Otálvaro bordea la temeridad y el desafío a las normas jurídicas. Mientras por un lado se niega a reintegrar a un ciudadano despedido injustamente de esa Dependencia y pagarle los salarios dejados de percibir, no obstante el perentorio mandato de un juez, por el otro se dedica a remodelar sus oficias, a invertir más de mil millones en gastos suntuarios.