Por: Jorge Mejía Martínez
Este pasado fin de semana fue asesinado en Peque un candidato conservador al consejo municipal, luego de participar en un evento proselitista. Peque no es un municipio que figure en la lista de “riesgo extremo” de la Misión de Observación Electoral –MOE- ni de las autoridades. El fraude electoral y la violencia de los grupos ilegales, son los principales factores de riesgo en 101 municipios de los 125 que hoy tiene Antioquia. La calificación varía de acuerdo al nivel del riesgo en cada localidad. Por violencia en Antioquia la MOE identificó 20 municipios en “riesgo extremo”. De acuerdo con el último informe, en lo que va del año hasta el mes de agosto, se han identificado 27 eventos violentos relacionados con campañas políticas, de los cuales 19 han sido directamente contra candidatos.
El Centro Integrado de Inteligencia Electoral -conformado por doce organismos del Estado y que empezó a funcionar el 4 de marzo con la coordinación de los ministerios de Defensa e Interior y Justicia, Policía Nacional y el Consejo Nacional Electoral- clasificó a Antioquia en “riesgo extraordinario”. La Policía nacional reconoce que en Antioquia hay 16 municipios en esa condición por la presencia de grupos armados ilegales. Entre los municipios en “riesgo extremo”, según la MOE, se encuentra Medellín. Desde atentados contra la vida de candidatos –le ocurrió a un aspirante del Polo- hasta amenazas y amedrentamientos de aspirantes sacados a empellones en algunos sectores de la ciudad.
El panorama es desolador por cualquier lado donde se mire. “Pilas con el voto” es un portal que abrió la MOE para recibir denuncias ciudadanas por irregularidades alrededor del proceso electoral. Antioquia es el departamento que más aporta: 271. Después de la trashumancia y la intervención en política de funcionarios, la “amenaza” es la modalidad más denunciada. Sin embargo, la respuesta de las autoridades civiles es de cierta incredulidad frente a la gravedad de lo que está ocurriendo. Pero las cifras de candidatos violentados, van en aumento.
Otro que clama en el desierto es el Registrador Nacional. “hoy se vive una guerra sucia. A mí me llegan cantidad de correos de esta guerra sucia y, solo de Medellín, son tres o cuatro cada día… este año se abrió una caja de pandora de ataques que no deja a salvo ninguna institución. Es una degeneración de la democracia. Esto no se veía desde hace muchas elecciones” El Colombiano 11 de septiembre. El funcionario también ha advertido sobre la amenaza de ataques informáticos en las elecciones de octubre.
Nadie le para bolas al Registrador. El Consejo Nacional Electoral parece no existir; su autoridad no se siente. Los escritorios de los magistrados electorales deben estar atiborrados de denuncias con testimonios, fotos y videos de evidente publicidad política a destiempo, manipulación burda de encuestas, trashumancia electoral y otras irregularidades no menos graves. Silencio. Y la Fiscalía General de la Nación dice que no tiene un peso para investigar delitos electorales. El gobierno central está enfrascado en otras cosas, lo mismo que la Mesa partidista de la Unidad Nacional.
El poder local y regional se define el 30 de octubre. Se elegirán los alcaldes y gobernadores que usufructuarán una tajada grande del presupuesto de la nación que hoy hace trámite en el Congreso. Sobran las evidencias que demuestran el interés de las mafias y las organizaciones criminales de no quedarse al margen de esas decisiones. La política y los partidos, siguen sin depurarse. ¡Impotencia e indiferencia, no pueden seguir siendo la respuesta!