El abogado David Suárez Tamayo, experto en Derecho Administrativo, irá a las urnas este domingo, 26 de agosto, y participará en la Consulta Popular Anticorrupción, no obstante la considere innecesaria e ineficiente. Dice que no se le puede enviar al mundo un mensaje diferente a que los colombianos no quieren más corrupción, que es lo que pasaría si no se alcanzan los 12.140.342 votos necesarios para el umbral. Además, cree que es coherente que los colombianos pongan en práctica el derecho que tienen a la participación tanto democrática electoral como ciudadana, que es lo que les permite manifestar su soberanía popular frente al poder.
Pero sigue siendo consecuente con que varios de los siete puntos consultados están en el ordenamiento jurídico colombiano como la Ley 190 de 1995 (Por la cual se dictan normas tendientes a preservar la moralidad en la administración pública y se fijan disposiciones con el fin de erradicar la corrupción administrativa), la Ley 1474 de 2011 (Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública), la Ley 1778 de 2016 (Por la cual se dictan normas sobre la responsabilidad de las personas jurídicas por actos de corrupción transnacional y se dictan otras disposiciones en materia de lucha contra la corrupción) y, entre otras, la Ley 1882 de 2018 (por la cual se adicionan, modifican y dictan disposiciones orientadas a fortalecer la contratación pública en Colombia, la ley de infraestructura).